El próximo congreso que el PP celebrará en febrero no va a suponer una renovación de las caras de sus principales dirigentes, ya que está claro que Mariano Rajoy lo gobernará cuatro años más y que María Dolores de Cospedal pretende repetir como secretaria general. Más allá de la posible inclusión de algún nombre nuevo en la candidatura de 30 miembros que presentará Rajoy y que se convertirá en el nuevo Comité Ejecutivo del PP, el debate ideológico tampoco comporta novedades importantes en materia de política social.
Los temas más polémicos vuelven a dejarse a un lado, especialmente en la ponencia destinada a la política social que coordina Javier Maroto. Centrado en abordar aspectos como el envejecimiento de la población y la necesidad de aumentar la tasa de natalidad, los asuntos sociales que crean más debate en el PP se dejan aparte.
Cuestiones como el aborto, la eutanasia, la maternidad subrogada o la custodia compartida quedan fuera del texto propuesto, en palabras de Maroto, porque no se trata de abordar asuntos que no generan "un consenso amplio" en el partido.
De esta forma, se insiste en recoger "el derecho a la vida" como ya se hacía en la anterior ponencia de 2012, así como en defender el testamento vital para dejar claro los cuidados y tratamientos que se están dispuestos a recibir ante la muerte. La frase de que el PP "se muestra contrario a la eutanasia", lo deja claro.
La maternidad subrogada, un sistema por cuya regulación legal apuesta Maroto a título personal, tampoco aparece en el texto de la ponencia. El vicesecretario ha apoyado a colectivos como Son nuestros hijos, que lo reclaman como derecho reproductivo.
Dado que en materia económica y territorial el PP sigue fiándolo todo al crecimiento del empleo como "la mejor política social" y a la afirmación de la unidad de España como coto a cualquier reforma constitucional que pueda mejorar el encaje autonómico, la ponencia para la que los conservadores esperan más enmiendas es la que aborda los estatutos internos.
Pseudoprimarias al estilo PP
"El PP es un partido que ha nacido en las calles", justificó Fernando Martínez-Maillo durante la presentación en la que dio a conocer que el 67% de los artículos se retocarían o reformarían completamente para mejorar la participación de los militantes en la elección de líder.
El vicesecretario defendió que el PP "es el partido central de la democracia española" y que no renuncia a los valores del centro reformista, el liberalismo y los del humanismo cristiano. En su voluntad de recuperar a los votantes perdidos y de atraer a nuevos, los conservadores confían en que el sistema de doble vuelta para que voten militantes y compromisarios les dé un barniz de modernidad ya que rechazan el sistema de primarias del resto de formaciones.
"Quien piense que esta ponencia es una más, se equivoca. Queremos adaptarnos a la sociedad en que vivimos y damos un mensaje de renovación para ir a mejor. Somos conscientes de que muchos ciudadanos nos votaron, pero luego ya no encontraron motivos para volver a hacerlo", admitió el dirigente.
Si el sistema se aprueba tal cual, en una primera vuelta votarán todos los militantes inscritos para participar. El candidato que logre más del 10% de los votos pasaría a una segunda vuelta en la que solo votarán los compromisarios. En el caso de que en la primera el candidato obtuviera más de la mitad de los votos y en 30 de las 70 circunscripciones con una distancia de 15 puntos sobre el competidor, ya no se hará la segunda votación. A partir del congreso, en el PP se escogerá así tanto al líder nacional como a los regionales y provinciales.
Sin limitación de dos mandatos
La limitación de mandatos tampoco se incluye en el documento. La dirección admite que incluirlo sería como marcarle el fin como gobernante a su jefe aunque espera enmiendas en este sentido como la que ha presentado Iñigo Henríquez de Luna sobre este asunto y la incompatibilidad de cargos que afecta, especialmente, a la secretaria general del PP. Para el lugarteniente de Aguirre, el ejemplo está en los ocho años de José María Aznar en el poder.
La creación de un órgano de vigilancia de la corrupción llamado "Oficina del cargo popular" busca adelantarse y detectar conductas para denunciarlas. Según Martínez-Maillo, esta especie de tribunal interno será autónoma de la dirección y estará formada por cuatro o cinco miembros del PP que no ocupen ningún cargo público.
El criterio para apartar del partido en caso de delitos por corrupción seguirá siendo la apertura del juicio oral, salvo que se trate de una situación flagrante y que haya provocado alarma social. Lo que el vicesecretario llamó "algún caso granado" en referencia a Francisco Granados, el que fue mano derecha de Esperanza Aguirre y principal político encarcelado por el caso Púnica.
Luz Sanchis
eldiario.es
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