Tres miembros de la Policía Nacional y dos funcionarios, arrestados por presunta estafa a inmigrantes

El operativo se puso en marcha hace unos días cuando los arrestados prestaron declaración en dependencias policiales. Los policías se negaron a prestar declaración ante los efectivos de del servicio de investigación interna desplazados desde Madrid, por lo que emplazaron la declaración al momento en que pasaron a disposición del juez en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital.

Entre los detenidos, se encuentra un subinspector de policía al mando de la unidad destinada a la Oficina de Extranjería. La misma determinación adoptaron los dos funcionarios adscritos a la Subdelegación del Gobierno central acusados de cohecho mientras que la nuera de uno de los agentes quedó en libertad.

Integrantes

La red, que al parecer cobraba una cantidad aún indeterminada de dinero por agilizar los trámites para la obtención de las tarjetas de permiso de residencia y trabajo en España, está integrada por dos agentes de la Policía Nacional en segunda actividad y un tercero en activo, todos con una dilatada experiencia en servicio y trasladados desde la oficina de Expedición del DNI de la Comisaría provincial.

Las mismas fuentes apuntaron que la denuncia de la que deriva la actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía parte de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General en Madrid y al que atribuyen «una relación muy tensa» con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina, también detenido. En esta línea, aseguraron que, de momento, los precedentes de las «malas relaciones» entre denunciante e implicados aconsejan poner la veracidad de los hechos «en cuarentena» al tiempo que expresaron su desacuerdo con la intervención del servicio de investigación interna, que calificaron de «calamitosa» ya que, a su juicio, «en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa».

En concreto, revelaron que, en noviembre de 2008, el citado trabajador fue denunciado por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que, pese a que sólo se le imputó por presunto cohecho, prestó declaración en sede judicial y se dictaron contra él medidas preventivas consistentes en la personación en el juzgado. La presunta red de estafa a inmigrantes habría aprovechado la existencia de listas de espera de hasta dos meses para la obtención de las tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España para ofrecer a los interesados la posibilidad de agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica cuyos importes no han trascendido por el momento.