“Total descontrol'' de armas en Venezuela

En una entrevista telefónica con EFE, Lusverti alertó sobre las cifras ``preocupantes y escandalosas'' de armamento a manos de la población civil en Venezuela, país de unos 28 millones de habitantes.

Casi uno de cada dos venezolanos estaría en posesión de un arma, de acuerdo con los “doce millones'' que circulan en el país, según cifras reveladas por el presidente de la comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN) e impulsor de la ley, el diputado oficialista Juan Mendoza.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) critican la inexistencia de datos oficiales sobre el parque de armas y el mercado armamentístico ilegal en Venezuela, una situación que, según Lusverti, es consecuencia del ``desorden'' gubernamental que incluye un ``descontrol de las armas bajo poder del Estado y sus cuerpos policiales''.

``Es necesario que el gobierno venezolano sepa cuántas armas tiene. Si no está en condiciones de determinar sus propias armas, aquí se revela parte del problema de que no tenga un monopolio real y total de la violencia, como uno podría esperar'', sostuvo.

Además de las armas a manos de la delincuencia común, el coordinador de AI identifica, en Venezuela, un particular mercado ilegal de armamento a manos de grupos armados al margen de la ley y que se autodenominan partidarios del gobierno.

Venezuela registró 19,133 asesinatos en el 2009, de los que un 79.48 por ciento (15,191) fueron cometidos con armas de fuego, según un estudio oficial filtrado a la prensa. La inseguridad es el tema que más preocupa a los venezolanos según todas las encuestas y se ha convertido en el principal foco de la campaña de la oposición para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre.

Después de aprobar en primera discusión la reforma de la Ley del Desarme en enero, la AN retomó ayer el debate de la norma, que quiere registrar, controlar y recuperar las armas a manos de civiles, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La nueva legislación, que reformará la aprobada en el 2002, establece un tiempo de gracia para la entrega voluntaria de las armas ilegales a la FANB y tipifica penas de 10 a 12 años de prisión para quienes no lo hicieran.