Cierta molestia del ejército irrumpe en la campaña electoral colombiana

Padilla, de 62 años, que ostenta el historial militar más laureado de Colombia, se reunió hace dos semanas con todos los generales del ejército para transmitirles su intención de renunciar a su cargo, aunque hasta ayer no comunicó sus intenciones al presidente, lo que ha provocado malestar en el Palacio de Nariño.

Los procesos contra militares por los falsos positivos' caen en cascada

Su distanciamiento del ministro de Defensa, el antiguo empresario cafetero Gabriel Silva, era notorio. El ministro y el general no se dirigían la palabra. Tampoco manifestaba su simpatía por el Gobierno ninguno de los comandantes del ejército. En los cuarteles, al ministro Silva le llaman Conchita, en alusión al nombre de la mula de los anuncios del café colombiano.

La dimisión del jefe de las fuerzas armadas se asocia en medios políticos de Bogotá a la carta dirigida a los candidatos presidenciales que divulgaron hace unos días los ex comandantes del ejército. En esta misiva, criticaban los procesos judiciales por los llamados falsos positivos (asesinatos de más de mil civiles a quienes luego se presentaba como guerrilleros) por parte de tribunales ordinarios.

Los generales retirados, que "interpretaban", según se ha filtrado, el sentir de los oficiales en activo a quienes el fuero militar prohíbe expresarse manifestaban su protesta por el procesamiento de sus compañeros de armas. En la carta se aseguraba que la moral de la institución está "baja".

El lobby castrense está tratando de influir en los candidatos
Esta desmoralización se ha vinculado con la ausencia de éxitos militares en la lucha contra la guerrilla en los últimos meses. El domingo, la guerrilla de las FARC mató en el departamento de Caquetá a nueve infantes de marina, sin sufrir ni una baja.

Los generales y almirantes en la reserva, junto con la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, suponen en Colombia un poder fáctico que reivindica el poder autónomo que siempre ha detentado el ejército en este país.

En agosto de 2007, cuando Uribe se comprometió ante la Comisión de Derechos Humanos en Costa Rica a eliminar la Justicia Penal Militar, le remitieron una misiva virulenta firmada por más de cien oficiales, afirmando que el presidente "sobrepasaba sus facultades" y se entrometía en la "independencia de poderes". En Colombia, la actual Constitución de 1991 niega formalmente que el ejército sea un "poder" y lo somete a los gobiernos democráticos.

Vínculos con paramilitares
Además de los procesos y destitución de centenares de mandos militares por los falsos positivos aunque ninguno esté cumpliendo aún condena en firme, los oficiales colombianos temen que las investigaciones sobre la tenebrosa actuación de los paramilitares les implique definitivamente en las masacres de éstos. El propio Fredy Padilla figura en documentos de Organizaciones de Derechos Humanos, que lo vinculan con algunas acciones paramilitares. Estos informes están en poder de EEUU desde la época de George Bush.

El lobby militar ha irrumpido en la campaña electoral pidiendo apoyo a los candidatos a ocupar la presidencia colombiana para que se restituya el fuero militar y sean los militares los que se juzguen a ellos mismos, como ha sucedido en Colombia hasta la última etapa de la actual administración de Uribe. Únicamente la improbable candidata presidencial conservadora Noemí Sanín se ha adherido a la propuesta.