El gobierno catalán defiende empadronar a los inmigrantes irregulares pese a la advertencia de Bruselas

La Comisaria responsable de Interior, Cecilia Malmström, ha respondido así a una pregunta parlamentaria planteada por el eurodiputado de CiU Ramón Tremosa sobre la legalidad de la decisión inicial del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los 'sin papeles' que finalmente no se llevó a la práctica. La Comisión Europea ha advertido que, cuando tenga conocimiento de esta situación de ilegalidad, deberá iniciar el procedimiento de expulsión o regularizar a los inmigrantes.

Malmström ha recordado que la normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a "expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio" pero que también permite "conceder un permiso de residencia u otra autorizción que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo".

El Gobierno catalán, sin embargo, ha reiterado "la utilidad del padrón", y ha explicado que otros países europeos que no tienen este registro conocen la población real a través del consumo de agua, menos fiable. La Generalitat ha indicado además que "Cataluña tiene legislación propia y los ayuntamientos la han de cumplir", y ha instado a los entes municipales a abordar "conjuntamente el debate sobre la inmigración con instrumentos como el Pacto Nacional para la Inmigración y la Mesa de Ciudadanía e Inmigración, desde la proximidad y no la lejanía de Bruselas".

Cecilia Malmström ha recordado esta mañana desde Bruselas que las autoridades españolas, "una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio".

En su respuesta al eurodiputado Ramón Tremosa, Malmström ha aclarado igualmente que los Estados miembros pueden decidir qué nivel administrativo -local, regional o federal- toma las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia. En todo caso, el Estado miembro es responsable ante la UE de la correcta aplicación de la normativa comunitaria "en la totalidad de su territorio".

Por último, aunque la Comisión no puede tomar medidas formales antes del 24 de diciembre de 2010, fecha en la que todos los Estados miembros tienen que incorporar a su ordenamiento jurídico la Directiva de retorno, ha pedido "velar" por el cumplimiento de las normas fijadas en la misma "tan pronto como sea posible".

El debate de los 'sin papeles'
En enero, el Ayuntamiento de Vic había decidido que no empadronaría a ningún inmigrante que se encontrara en situación irregular mientras no acreditara que había cursado la solicitud o prórroga del permiso de residencia. Sin embargo, finalmente la aplicación de la norma no se llevó a cabo.

Según la ley,"toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", con independencia de su nacionalidad y situación administrativa. Entre los datos que se exigen a los que se empadronen figura la tarjeta de residencia en vigor o, en su defecto, el documento de identidad o pasaporte expedido por el país de procedencia. Es decir, no es imprescindible estár regularizado en España, pero la falta de empadronamiento sí impide a estas personas acceder a derechos universales como la salud y la educación.

La Comisión Europea (CE) ha puntualizado hoy que no es competente en materia de empadronamiento y que, por tanto, no entra en el fondo de la polémica alrededor de las reticencias del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) a inscribir a los inmigrantes que carecen de papeles.