La juez Alaya, tras corregir su error, imputa a dos hermanos de Fátima Báñez en el ‘caso Mercasevilla’

Comparecerán el próximo viernes
Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que Eduardo Báñez García, consejero delegado de la empresa, y su hermano Juan Nicolás, cuyo cargo no aparece en la citación, comparecerán ante la juez el próximo viernes. En el auto conocido ayer, la juez citaba por error al padre de la ministra, Eduardo Báñez González, fallecido hace 12 años, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, empresa que fundó, para la compra de unos terrenos de Mercasevilla.

También las cúpulas de seis empresas
Alaya ha citado el 14 de junio como imputadas a las cúpulas directivas de las seis empresas que concurrieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja, por entender que se concertaron para crear un “precio artificial” que favoreciera a la entidad ganadora, Sanma. La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la juez Alaya deduce que hubo un concierto entre Mercasevilla y Sanma para la adjudicación a éste última del concurso, así como “idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso”.

“Se otorgaron ante fedatario público”
En esta rama, una de las cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, están imputadas quince personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU). El abogado de Luis Sánchez Manzano, directivo de la matriz de Sanma, Sando, imputado por esta causa, ha respondido a las acusaciones sobre tal concierto y dice en un escrito que las relaciones contractuales analizadas “se otorgaron ante fedatario público, fueron operaciones perfectamente legales y normales entre empresas promotoras que actúan en el mismo mercado”.

Como informó ELPLURAL.COM a última hora de la noche de ayer el número dos del PSPE andaluz, Mario Jiménez, ha reclamado a la ministra de Empleo así como al Partido Popular explicaciones públicas tras la imputación de los hermanos de la responsable del Gobierno de Mariano Rajoy y la implicación de su empresa familiar en la causa judicial abierta por la venta presuntamente irregular de los terrenos para el traslado de Mercasevilla, y ha exigido “que pidan perdón” por acusar a los socialistas andaluces de beneficiarse de las actuaciones investigadas en los tribunales.

Posible cohecho
Mario Jiménez ha recordado que la investigación judicial sobre Mercasevilla “parte de una denuncia de la Junta de Andalucía ante un posible cohecho” por parte de responsables de la lonja sevillana. Desde el primer minuto, la Junta denuncia y colabora”, ha subrayado, en contraste con el PP, que “en todo este trayecto ha estado manipulando de manera obscena la instrucción para convertirla en ataque y desprestigio del PSOE”. Para el dirigente regional socialista, queda claro que este caso es “cuestión de que son honradas o no” y, según las actuaciones judiciales, ha apuntado que “dentro del PP también puede haber personas alejadas de la honradez”.

Situación difícil para la ministra
En cualquier caso, ha considerado que la imputación del hermano de la Báñez deja “en una situación difícil a la ministra, ya que se pone en duda la actuación de su empresa familiar”, por lo que ha insistido en que el PP tiene que aclarar esta situación y “pedir perdón, porque ha acusado al PSOE como beneficiario directo y nada más alejado de la realidad: se trata de un comportamiento presuntamente irregular de ciudadanos que en responsabilidades privadas o públicas han obrado mal”.

Disculpas a los socialistas
Ha confiado en que los dirigentes populares se comporten a partir de ahora “de manera más prudentes” y cesen sus ataques contra el PSOE, recalcando que también la propia ministra Fátima Báñez debe disculparse tras “acusar a los socialistas de manera dura y faltando a la verdad” y aclarar “si existe alguna vinculación más de su empresa con otras actuaciones que pueden complicar su responsabilidad pública”.

Fuente: elplural/andalucía | 11/06/2013