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Se busca presidente de comunidad que hable español

José Antonio Sierra
José Antonio Sierra

Fuente: Diario de Salamanca.es

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

Diario de Salamanca habla con el promotor de la Asociación Diversidad y Convivencia para la difusión del castellano, catalán, gallego y euskera en Andalucía que lleva varios años luchando por la reforma de la Ley de propiedad Horizontal para evitar que muchos españoles tengan que pagar intérpretes para hablar con los presidentes de su comunidad.

¿Imagina que necesitase los servicios de un traductor para entenderse o firmar acuerdos con el presidente de su comunidad de vecinos?

Estando en territorio español y hablando castellano resultaría, cuanto menos, extraño recurrir a esta práctica; sin embargo, para algunas comunidades de la costa mediterránea no resulta tan raro aunque no por ello deja de ser impactante.

Esta situación se da en numerosas comunidades de vecinos desde hace varios años y es que muchas están presididas por ciudadanos de otras nacionalidades como chinos, rusos, alemanes o ingleses.  

Para evitar este caso, una comunidad de propietarios de Málaga aprobó la necesidad de saber castellano para presidirla. Estos vecinos tomaron esta decisión tras observar cómo otras comunidades tenían que pagar intérpretes y traductores para poder entenderse con sus vecinos extranjeros.  

José Antonio Sierra, promotor de la Asociación Diversidad y Convivencia para la difusión del castellano, catalán, gallego y euskera en Andalucía, lleva varios años denunciando “el nivel de colonialismo lingüístico que han alcanzado algunas comunidades de vecinos de la Costa del Sol”. “No tiene sentido que los residentes españoles tengan que asumir parte de los gastos que conlleva la contratación de los servicios de un profesional que traduzca a los extranjeros los acuerdos de la comunidad de propietarios”, matiza.

Este defensor del castellano se basa en el Artículo nº 3 de la Constitución Española que dicta: “todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua castellana y el derecho a usarla” y es que, aunque la mayoría de los gobiernos autonómicos todavía no han emprendido medidas respecto a este tema, Cataluña sí lo ha hecho y en 2006, su parlamento, aprobó una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en la que se establecía la obligatoriedad de que las actas de las comunidades de vecinos se redactasen, como mínimo, en catalán.  

 

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