González Pons declarará ante el juez por los 382.203 euros pagados a Urdangarin por los frustrados juegos mediterráneos

El magistrado ha accedido a la petición de declaraciones que le había solicitado ayer el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, en el marco de la investigación del presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos y la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (Fdcis), entidad heredera del instituto, ambas lideradas por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Convenios para atraer los Juegos Mediterráneos
En el caso de González Pons ha sido citado para declarar en relación al convenio firmado con Nóos para la celebración de los Juegos Europeos 2006, por los que la Generalitat pagó 382.203 euros, cuando el político del PP era responsable de la Sociedad Gestora de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. Los juegos no llegaron nunca a la región pero la sociedad del duque cobró igualmente, aunque Ecodiario publicó que en caso de haber llegado el evento deportivo a la región le habrían pagado cinco millones de euros. En su condición de diputado, González Pons puede recibir a la comisión judicial en Madrid sin que tenga él que desplazarse.

34 testigos, entre ellos el presidente de Aguas de Valencia
Fontao y González Pons son solo dos de los de 34 testigos llamados a declarar en el auto de este viernes del juez Castro, que también incluye a dos imputados: el apoderado de Iñaki Urdangarin, Mario Sorribas, y el presunto testaferro Robert Cockxs. Entre los testigos citados por el juez figuran el presidente de Aguas de Valencia (AVSA), Eugenio Calabuig; el que fuera director el equipo ciclista Illes Balears Jose Miguel Echávarri; el director de la sociedad Madrid 2016, Antonio Fernández, así como otros trabajadores de esta entidad y varios supuestos empleados de la empresa Aizoon.

El juez pide informe sobre los bienes de Urdangarin y la hoja registral de Aizoon
En el mismo auto, el juez da traslado a las partes personadas de la petición formulada por la defensa de Urdangarin de nulidad de los correos electrónicos aportados al magistrado por Diego Torres en tres tandas y de “expulsión de la causa” de estos documentos, porque impugna su autenticidad y valor probatorio. El juez les da diez días para presentar alegaciones.

Castro ha librado además oficio a la Agencia Tributaria solicitando un informe sobre los bienes muebles e inmuebles de Urdangarin y Torres, principales imputados en esta causa, así como de las sociedades mercantiles en las que ambos hayan participado. Reclama además al Registro Mercantil de Barcelona una copia de la hoja registral de la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y Urdangarin.

Fuente: ELPLURAL.COM / EFE | 08/03/2013