En una decisión inédita en el país, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, dijo que mañana se inicia un nuevo mandato de seis años de Chávez, convaleciente en Cuba, pero que "no es necesaria una nueva toma de posesión" en su "condición de presidente reelecto".
Chávez, de 58 años, en el poder desde 1999, no asumirá este 10 de enero, como establece la Constitución, porque su estado de salud no le permite regresar a Venezuela desde Cuba, donde fue operado de un cáncer hace casi un mes.
Morales argumentó, al interpretar el artículo 231 de la Carta Magna, que la "juramentación puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero del 2013 ante el TSJ, de no poder realizarse dicho día" ante la Asamblea Nacional, ratificando así la tesis defendida desde hace días por el oficialismo.
El Ejecutivo había señalado que la toma de posesión es un "formalismo" que Chávez puede cumplir una vez regrese al país tras completar su "complejo" postoperatorio y que en el medio tiempo se produce la continuidad del Gobierno en ejercicio.
La oposición, sin embargo, había planteado que ante un ausencia del gobernante debía jurar el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, dado que en esa fecha finalizaba el anterior Gobierno y se inauguraba, según esta tesis, un periodo de ausencia temporal del presidente de 90 días prorrogables.
La titular del Supremo descartó, de momento, la formación de una junta médica para evaluar la salud del gobernante e indicó que su creación solo puede darse a la hora de considerar una falta absoluta.
"En este momento no está planteado, ya que el Ejecutivo ha señalado, de una manera sucesiva, a través de comunicados oficiales, cuál ha sido la evolución de la salud del presidente", alegó Morales.
La decisión del TSJ abrió, sin embargo, otro debate, pues mientras el Ejecutivo la consideró como "palabra sagrada" y de "paz", la oposición la calificó de "política".
"El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha tomado una decisión (...) Lo que nos toca es acatarla", dijo el vicepresidente, Nicolás Maduro, al abrir un encuentro de los países de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) y luego, flanqueado por el gabinete, llamó la "sagrada".
Cabello, quien es primer vicepresidente del partido de Chávez, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llamó a la población a salir "a la calle a apoyar la decisión" del Supremo.
Posteriormente, el general Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, aseguró que están "muy contentos" por la sentencia y confirmó que tras una "evaluación del panorama nacional" han tomado "medidas para garantizar el sosiego, la paz y la tranquilidad" a los venezolanos.
Desde la oposición se escucharon críticas del grupo de diputados ante la Asamblea, que se declaró en "sesión permanente" para evaluar sus próximas acciones y no descartó acudir a instancias internacionales.
Es realmente una sentencia política y no una sentencia jurídica", declaró la diputada Vestalia Sampedro.
El excandidato presidencial y líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, lamentó, por su parte, que el Tribunal dictara una sentencia para resolver "el problema" del partido de Gobierno.
"El tribunal le dio una interpretación para resolver un problema que tiene el Gobierno", sostuvo Capriles en una rueda de prensa al considerar este hecho como "lamentable porque las instancias no deben responder a un partido".
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