Ana Mato: “El Gobierno cumple con su responsabilidad”

Así se ha manifestado Mato en respuesta a la pregunta formulada por la portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande: "¿Piensa la ministra ilegalizar a las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios que discrepen de las medidas adoptadas por su Gobierno?".

FACUA lamenta que en lugar de rectificar la actuación de la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, la ministra haya mantenido la amenaza, autoritaria y anticonstitucional, incluso llegado al extremo de cuestionar el uso que hace la asociación del dinero público.

La ministra inventa subvenciones que no existen

"Se trata de defender a las asociaciones de consumidores y velar por que se utilicen bien todos los dineros públicos que se les otorgan para ello", ha llegado a afirmar la ministra popular, inventando subvenciones que no existen.

Y es que Mato sabe perfectamente que FACUA no ha recibido ni un céntimo de dinero público otorgado Ministerio este año, porque las subvenciones a las asociaciones de consumidores todavía no han sido concedidas a ninguna asociación, probablemente porque está esperando a ilegalizarla para negárselas.

Con respecto a las subvenciones distribuidas el año pasado, la ministra también conoce que todo el dinero fue invertido en campañas desarrolladas durante 2011 y que las que motivan la amenaza de ilegalización comenzaron en mayo de 2012.

"¿Qué parte de su Ministerio se ha vuelto loca?", dice la portavoz socialista

"¿Qué parte de su Ministerio se ha vuelto loca? Primero les piden legítima opinión [sobre el medicamentazo], y como no les gusta lo que les dicen, la ilegalizan. ¿A qué le tiene miedo el Gobierno del PP? ¿Le tiene miedo a la opinión de los ciudadanos? ¿O le tiene miedo a las asociaciones que legítimamente les representan?", ha aseverado la portavoz socialista, denunciando los "violentos ataques" del Gobierno a FACUA.

La ministra ha asegurado que "no es competencia del Gobierno ilegalizar a ningún tipo de organización", sino que esto "le corresponde al poder judicial". Ante esto, Grande le ha recordado que retirar a FACUA la condición de asociación de consumidores expulsándola del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios implica una ilegalización.

Mato se ha valido de la inaudita respuesta dada a FACUA por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. En ella, incumpliendo sus funciones, se negó a actuar ante su amenaza de ilegalización y se llegó a tomar la licencia de "sugerir" a la asociación que procediese a "revisar las campañas" que la han motivado.

La ministra ha dicho que la pretensión de su ministerio y su Instituto Nacional del Consumo (INC), que preside la secretaria general de Sanidad y Consumo, es que las asociaciones de consumidores "no se dediquen a cuestiones distintas a la defensa de los intereses de los consumidores como exige la ley".

Así, Mato hace suyo el argumento que se deriva de la carta en la que se amenaza a FACUA de que la sanidad y la enseñanza públicas no son "intereses legítimos de los consumidores".

El misterioso informe de la abogacía del Estado

Mato también ha aludido al misterioso informe realizado por un abogado del Estado, que el Gobierno todavía no ha hecho público ni remitido a FACUA.

Al parecer, en ese informe se argumenta jurídicamente que, pese al derecho constitucional a la libertad de expresión, una asociación de consumidores tiene prohibido expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con la sanidad la educación pública, así como llamar a un día sin compras en protesta por la subida del IVA.