Fujimori no tiene privilegios, pero puede cultivar plantas, afirma un comunicado del Inpe

Este organismo, encargado del control de las prisiones peruanas, negó que Fujimori haya violado las condiciones de su reclusión, después de que medios locales publicaron unas fotos en las que presuntamente aparece fuera del área de su prisión.

Las fotografías borrosas, donde aparece Fujimori junto al jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, Germán Flores, fueron tomadas en julio pasado cerca al horno donde se solía quemar la droga decomisada a los narcotraficantes, indicaron medios locales.

Este lugar se encuentra a unos 200 metros de la zona de reclusión del ex gobernante peruano (1990-2000), agregaron.

Según el Inpe, las fotografías muestran "una actividad autorizada y corresponden a la instalaciones del penal Barbadillo", sede de la Diroes.

El comunicado indicó que el lugar donde se tomaron las imágenes pertenece a la zona denominada "Tierra de nadie", que se ubica dentro del área del penal.

Fujimori, añadió la nota, aparece en ese lugar por que el Órgano Técnico de Tratamiento del Establecimiento Penitenciario aceptó su solicitud de cultivar "especies agropecuarias en pequeña escala, como parte del tratamiento de rehabilitación que le corresponde".

El comunicado se emitió luego de que el ministro peruano de Justicia, Aurelio Pastor, ordenara investigar la denuncia de que Fujimori violó el régimen penitenciario que se le ha impuesto.

Actualmente, el ex presidente está recluido en un área de unos 400 metros cuadrados, que incluye un apartamento y un patio, especialmente construida para él dentro de la Diroes.

No es la primera vez que Fujimori es cuestionado por gozar de privilegios excesivos, ya que el año pasado estuvo bajo la lupa de la fiscalía debido a que su celda se convirtió en una corte visitada por simpatizantes, políticos, cantantes y hasta supuestas brujas.

Fujimori, extraditado desde Chile en 2007, fue sentenciado por un tribunal peruano en primera instancia a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su Gobierno.

También fue condenado a ocho años por el pago de una indemnización laboral a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a seis años por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de éste y a otros seis por corrupción, pero las penas no son acumulativas en Perú.