Inmigrantes inician una marcha de protesta de Barcelona a Madrid

Cargados con enormes mochilas y mucha ilusión, personas de todas las nacionalidades, fundamentalmente africanos y latinoamericanos, explicaron que se embarcan en esta aventura en pleno otoño para que el gobierno español reconsidere la reforma de la ley de extranjería que ha enviado a las cámaras legislativas.

"Nos encontramos con una reforma de la ley que quita derechos a los que tenemos papeles y a los que no los tienen", dijo Norma Falconi, una ecuatoriana de 45 años que toma parte en la protesta. "No se puede permitir esta desigualdad".

La Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés (FAIV), organizadora de la marcha, dijo que entre 60 y 100 personas parten desde Barcelona con el objetivo de llegar a la capital española el 21 de octubre.

Los participantes recorrerán etapas de 25 kilómetros y se alojarán en refugios, iglesias y otros locales cedidos por asociaciones solidarias con la iniciativa.

El proyecto de reforma de la ley de extranjería, presentado por el gobierno socialista en junio, amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los llamados centros de internamiento.

Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

La nueva normativa se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria, donde podría sufrir cambios hasta su aprobación definitiva, prevista para finales de año.

Para las más de 20 asociaciones que secundan la marcha entre las dos principales capitales españolas, la modificación contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos.
"Esperamos que se escuche nuestro mensaje. Hemos luchado mucho", señaló Falconi.