Para obtener una respuesta a la pregunta de cuántos políticos hay en España y cuántos viven de la política, es imprescindible deslindar conceptualmente los distintos niveles de la administración, así como analizar la singularidad que representa nuestro sistema de aforamientos en el contexto europeo.
La primera distinción reside en la naturaleza de la vinculación con la administración pública: El personal eventual y de confianza (los asesores), son puestos de nombramiento discrecional por parte de los cargos ejecutivos de todas las administraciones Su característica es la caducidad: cesan de forma automática en el momento en que cesa la autoridad que los nombró.
Debido a esta falta de estabilidad en el empleo y a la exigencia de disponibilidad, sus retribuciones suelen ser más altas que las del tramo medio de la función pública ordinaria. Son, por definición, puestos de naturaleza política, aunque su labor sea de asistencia técnica. En la actualidad son unos 20.000.
A menudo se les confunde con los cargos de libre designación, pero su régimen jurídico es distinto. Estos son puestos directivos dentro de la estructura administrativa que deben ser cubiertos por funcionarios de carrera que cumplan con determinados requisitos de titulación, escala y nivel. No son puestos de carácter político.
Ahora bien, la delgada línea entre la idoneidad técnica y la afinidad ideológica hace que, en la práctica, algunos de estos puestos acaben politizándose, funcionando como una zona gris entre la función pública profesional y el gobierno de turno.
Cuando se intenta cuantificar el número de personas que se dedican profesionalmente a la política -que se convierte en su medio de vida- en España, las cifras suelen distorsionarse al contabilizar a la totalidad de los representantes electos municipales.
España cuenta con unos 67.000 concejales y algo más de 8.000 alcaldes. La inmensa mayoría de los concejales en los municipios de pequeño y mediano tamaño no percibe un sueldo público limitándose a percibir dietas por asistencia a plenos o comisiones que, en muchos casos, son meramente simbólicas.
Si excluimos a estos ediles, el número de personas cuya principal fuente de ingresos proviene del ejercicio de la representación política directiva o ejecutiva se reduce sustancialmente. Se limita a los parlamentarios nacionales, europeos y autonómicos, los miembros de los ejecutivos central y regionales, los alcaldes y concejales liberados de grandes ciudades, y los diputados provinciales o comarcales.
También llama a confusión el número de aforados. En el ámbito internacional y dentro de la Unión Europea, España representa un caso excepcional por la extensión de este fuero .
En España existen más de 250.000 aforados. No obstante, esta cifra requiere una matización: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unos 230.000 efectivos, gozan de un aforamiento parcial restringido a los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Alrededor de 8.000 jueces, magistrados y fiscales cuentan con fuero especial ante los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo para evitar ser juzgados por compañeros de su misma instancia local.
Si nos ceñimos a la clase política stricto sensu, la cifra de aforados se reduce a unos 1.800 cargos públicos:
-
Los 350 diputados del Congreso y 266 senadores.
-
Los miembros del Gobierno de la Nación.
-
Los cerca de 1.260 diputados de las 17 asambleas autonómicas y los miembros de los gobiernos regionales.
-
Los eurodiputados y miembros de ciertos altos órganos constitucionales.
En la mayoría de los países de nuestro entorno la figura del aforado está acotada al jefe del Estado o del Gobierno. Esta hipertrofia del fuero en España es una anomalía que diversos juristas e instituciones han abogado por reformar. Conviene señalar que aforamiento no equivale a impunidad. La condición de aforado implica que la causa sea instruida y juzgada directamente por la instancia judicial superior (el Tribunal Supremo o un Tribunal Superior de Justicia). Como se ha podido comprobar en procedimientos de gran impacto mediático —como el proceso penal contra el exministro y diputado José Luis Ábalos en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo —, el fuero especia elimina las instancias intermedias de recurso ordinario que corresponden a cualquier ciudadano común, acelerando los tiempos procesales.
La reforma de los aforamientos sigue siendo una asignatura pendiente en la regeneración democrática de España, pero la protección procesal no exime a los cargos públicos de las consecuencias penales de sus actos.
Los partidos políticos tienen que tomar las medidas pertinentes para aclarar esta confusa situación. Dudo que lo hagan
Si (
No(
