En declaraciones formuladas en Puerto Natales, a tres mil 285 kilómetros al sur de Santiago, Piñera afirmó que “en la política y en la vida hay límites que impone la decencia y en este caso han sido gravemente sobrepasados”.
Agregó que “la campaña de desinformación y de engaño de la cual desgraciadamente se han hecho parte algunos parlamentarios de la Concertación, no solamente es absolutamente falsa y sin ningún fundamento, sino que también yo la estimo miserable y canallesca". Diversas fuentes, entre ellas políticos opositores, han denunciado que Piñera presionó para lograr la derrota de Harold Mayne-Nicholls en la ANFP, lo que significó la renuncia del técnico de la selección, el argentino Marcelo Bielsa.
Este hecho provocó airadas reacciones de una mayoría de la afición local, de acuerdo con el resultado de un sondeo divulgado este sábado.
Desde el centro turístico austral, que se encuentra recorriendo junto al presidente ecuatoriano Rafael Correa, Piñera dijo que ya se estudian las acciones legales “que correspondan” frente a las acusaciones.
"Estamos estudiando las acciones legales que correspondan y nuestro gobierno no ha tenido ninguna, insisto, ninguna participación en la elección del futbol profesional, al tiempo que envió sus buenos deseos al empresario Jorge Segovia, que deberá asumir el 15 de enero. En medio de la polémica desatada, el diputado demócrata cristiano, Gabriel Ascencio, anunció que este lunes presentará un requerimiento para que la Contraloría General del Estado investigue sus eventuales "presiones" en las elecciones de la ANFP.
Ascencio recordó que Piñera “es dueño del 12.5 por ciento de las acciones de la Sociedad Blanco y Negro, controladora del Club Colo Colo. El consuegro del presidente es dueño del 25 por ciento de las acciones”.
“Así, esta familia controla cerca del 40 por ciento de las acciones del principal club interesado en el resultado de las elecciones de la ANFP, por los millones de dólares en juego", apuntó el legislador.
A juicio del parlamentario, existiría incumplimiento por parte del presidente, del principio de probidad establecido en el artículo 62 número 6 de la ley 18.575.
Este señala que "contraviene dicho principio, la autoridad que en razones de sus funciones, interviene en asuntos en que se tenga interés personal, así como participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad", agregó.