Destacó que los acusados cuentan ``a más de sus abogados defensores, con defensores públicos'' y que los procesos ``se están manejando de manera absolutamente transparente''.
Añadió que ``los hechos sucedidos el 30 de septiembre son delitos de acción pública, porque atentaron contra la seguridad del estado, contra la administración pública, pero que afectaron al colectivo y dentro de esa perspectiva ... son procesos que se transparentan... contra las personas que atentaron contra la democracia y la seguridad del Estado''.
No dio detalles de cuántos uniformados y cuántos civiles están enjuiciados.
Quienes enfrentan juicios son presuntos responsables del alzamiento policial, cuando una protesta de los uniformados derivó en agresiones al presidente Rafael Correa, que tuvo que huir a un hospital, donde quedó retenido por varias horas y fue rescatado por un asalto militar.
Ese día se produjeron 8 muertos y unos 270 heridos.
Tales hechos dejaron 14 policías de tropa, un oficial y un civil apresados, además de 13 oficiales de policía que fueron puestos en situación de disponibilidad, paso previo a la baja.
El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, señaló a la cadena de televisión RTU que una semana antes del alzamiento ``se nos informó que había cierto descontento, pero los generales estaban yendo a los cuarteles y a los recintos para explicar la nueva ley... yo mismo lo estaba haciendo''.
Señaló que los hechos se precipitaron debido a ``una campaña soterrada'' al interior de la institución que buscaba que ciertos grupos mantengan espacios de poder.
Miles de simpatizantes oficialistas manifestaron el viernes en Quito en apoyo a Correa, quien los llamó a organizarse para defender la ``revolución ciudadana'' tras la violenta rebelión policial del 30 de septiembre. La convocatoria fue realizada por la Coordinadora de Defensa de la Democracia.
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