Jurista Castresana abandona su misión Guatemala

El temor más grande en los sectores sociales es un posible ``pacto de impunidad'' entre los grupos ilegales y el recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes, a quien Castresana tildó con un ``récord de corrupción'' y lo vinculó con miembros del crimen organizado.

En casi tres años al mando de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), este hombre de 53 años ha desafiado a sectores hasta el momento intocables, al encabezar pesquisas contra el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) --actualmente encarcelado en espera de su extradición a EEUU-- así como contra narcotraficantes y ex fiscales.

“La renuncia (de Castresana) es un mal precedente ante el concierto de las Naciones Unidas porque está saliendo a luz la ausencia de una voluntad política para enfrentar a esos grupos y la impunidad'', afirmó Jorge Santos, miembro del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).

Sin embargo, lo que ``más nos alarma es el pacto de impunidad alcanzado entre grupos paralelos de poder político, económico, militar y del crimen organizado con el Fiscal General'', aseguró.

“Ellos conformaron una estrategia para presionar y que fuera electo el nuevo fiscal. Ahora están tomando el control de la propia investigación de la Fiscalía; es como poner a un pederasta a cuidar una guardería'', agregó.

Hellen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack, estimó que la salida de Castresana representa un duro golpe propiciado por los grupos incrustados en el Estado, para garantizar que prevalezca la impunidad en un país donde el 98 por ciento de los casos quedan sin castigo.

“Castresana era una persona que estaba dando la cara por Guatemala ante situaciones difíciles'', consideró.

Pero Pedro Alvarez, activista de la organización Guatemala Visible, asegura que la responsabilidad para terminar con la impunidad es de los guatemaltecos.

Castresana pudo crearse muchos “anticuerpos posiblemente por ser extranjero y arrogante'', estimó Alvarez, uno de los que exigieron la renuncia del presidente Alvaro Colom, tras el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg, quien acusó al gobernante en un video póstumo de su segura muerte.

El jurista español ya había advertido de que el trabajo de la Cicig era abrir el camino para fortalecer el endeble sistema de justicia, pero aclaró que era una tarea compleja porque “el problema es que en Guatemala, estas organizaciones criminales nunca habían sido combatidas''.

“Por primera vez en la historia de Guatemala, la Cicig toca a los intocables, acusa y encarcela a personas que hasta ahora habían estado encima de la ley'', afirmó Castresana el lunes al presentar su renuncia.

El mandato de la Cicig concluye en septiembre del 2011, salvo que se vuelva a prorrogar y para entonces, “nosotros tenemos que haber consolidado unos jueces, unos fiscales y unos policías transparentes, confiables, bien preparados, comprometidos con el país'', afirmó Castresana.

Pero con su salida, deja entrever que deja Guatemala casi como la encontró, con los mismos niveles de impunidad y sin haber logrado las reformas que propuso ante el Congreso para combatir y destruir a los “monstruos'', como él mismo los definió, que se han alimentado del Estado por generaciones.