Garzón imputa por blanqueo de capitales a la viuda de Pinochet

Garzón concedió a los imputados un plazo de diez días para satisfacer de forma solidaria esta fianza con el objetivo de "garantizar las responsabilidades pecunarias a que hubiere lugar" durante el proceso. De no hacerlo, el juez amenaza con proceder al embargo y bloqueo de la cantidad mencionada más un tercio, hasta alcanzar los 68.592.351euros. Además, en el auto el juez cursa una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Chile, para tomar declaración a la viuda y el resto de querellados y para obtener los documentos originales que se refieren a los hechos y están en poder de los cuatro imputados, a fin de incorporarlos a la causa.

Garzón adopta esta decisión en el marco de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, dentro del sumario que investigaba el denominado Plan Cóndor. En septiembre de 2004 amplió la imputación a Hiriart y Aitken por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, y en febrero de 2005 acordó el sobreseimiento libre de la causa contra el Banco Riggs National Corporation, que accedió al pago voluntario de una multa de 16 millones de dólares.

No obstante, la Fundación presentó el 4 de abril de 2007 una segunda ampliación de querella contra el gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005, Pablo Granifo, el responsable de la institución en Nueva York, Hernán Donoso, y otros cuatro responsables de la entidad bancaria y de dos de sus filiales de bolsa y fondos de inversión. La Fiscalía dio el visto bueno a esta ampliación el pasado mes de junio

El magistrado destacaba, en todo caso, que parece claro que "la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo", fue consecuencia de unas "maniobras" realizadas a través de la entidad bancaria.