El Instituto Nacional de la Seguridad Social paga al condenado una pensión de 592,92 euros mensuales, más dos pagas extraordinarias, desde el 22 de julio de 2005.
En el procedimiento judicial contra Morell tomó parte el mismo Gobierno español, a través de la Delegación Especial contra la violencia de género sobre la mujer, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, el mismo que le paga la pensión.
Aunque cobrar la pensión de viudedad desde hace más de seis años, que representa un total de más de 40.000 euros, Lorenzo Morell no ha pagado ninguna de las indemnizaciones que el tribunal le impuso para los familiares de la víctima, según informa el mismo rotativo.
La Audiencia de Girona ordenó el embargo de la pensión de Morell para hacer frente a las indemnizaciones, que ascienden a un total de 85.000 euros más los 21.475 euros de las costas del juicio, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social del ha denegado porque es inferior al salario mínimo interprofesional.
Es por ello, que la Audiencia de Girona ha acordado remitir otro oficio a la Seguridad Social para recordar expresamente que Lorenzo Morell está condenado por el asesinato de Consuelo Galceran y que precisamente la muerte de la mujer es lo que ha generado el derecho a la pensión de viudo que cobra.
La Seguridad Social establece "que los condenados por sentencia firme por homicidio no serán beneficiarios de las pensiones de viudedad cuando la víctima sea la causante de la pensión".
Carles Monguilod, el letrado que ejerció la acusación particular en representación de los hermanos de Consuelo Galceran, ha remitido un escrito a la Audiencia en la que califica de "escandaloso e inadmisible" el caso de Morell. Monguilod confía en que ahora que la Audiencia ha recordado que el viudo pensionista es el asesino de la mujer el Ministerio de Trabajo dará cuenta del error.
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