El Parlamento Europeo rechaza el Paquete de Telecomunicaciones

Francia, uno de los impulsores de las leyes antipiratería, tiene como proyecto que sean las propias compañías de servicios de internet, aquellas con las que contratamos nuestra conexión, las que realicen el bloqueo o suspensión del servicio, pero esto presenta un problema fundamental, que es que las grandes empresas de entretenimiento con intereses o inversiones en las compañías proveedoras de internet puedan 'decidir' que contenidos protegen más, evidentemente 'arrimando el ascua a su sardina'. Si finalmente estas leyes se llevaran adelante se pondría muy difícil garantizar una neutralidad de la red, puesto que los intereses de las compañías privadas podemos adivinar que serán todo menos neutrales.

El Paquete de Telecomunicaciones fue presentado por primera vez en el Parlamento Europeo en noviembre de 2007, y su objetivo es cambiar las normas de Telecomunicaciones de la Unión Europea, vigentes desde 2002, con el fin de unificar el mercado de las telecomunicaciones para todos los miembros de la UE. Después de presentado y leído en el parlamento se presentaron una serie de enmiendas, algunas orientadas a endurecer las sanciones contra los usuarios que violen contenidos protegidos por derechos de autor, respaldadas principalmente por parlamentarios de Francia (con el principal apadrinamiento de Nicolás Sarkozy), España e Italia; y otras que pretenden suavizar la persecución de las descargas ilegales esperando que se delimiten más las fronteras entre lo que ahora se considera 'legal' o 'ilegal'.

La primeramente denominada enmienda 138, ahora enmienda 46, pretende que cualquier bloqueo o suspensión del servicio de Internet a un usuario tenga que ser ordenada por un juez, mientras que otra enmienda, la 'falsa 138' o enmienda 10, es una versión 'descafeinada' de la anterior, y pretende que los usuarios puedan ser desconectados por decisión de las propias compañías de servicios de Internet, siendo esta decisión recurrible ante la Justicia. Pero los detractores de la enmienda 10 indican que no tiene sentido, puesto que poder recurrir ante la Justicia una desconexión es de por sí un derecho fundamental de cualquier ciudadano y no necesita verse reconocido en el Paquete.

Por otra parte todavía estamos inmersos en la batalla por la legalidad de algunos de los asuntos que pretende regular el Paquete de Telecomunicaciones, escenificada hace pocos días en el caso de la sentencia contra los administradores de The Pirate Bay, pendiente de recurso. Por ejemplo, en España no es ilegal intercambiar archivos a través de programas P2P (Emule, Microtorrent, Ares), siempre y cuando no se obtenga ningún beneficio económico de este intercambio. Hace un mes se condenaba a un joven riojano a 6 meses de prisión y una multa de 4.900 euros por lucrarse mediante descargas ilegales. Era el creador y administrador de una página web que contenía enlaces a archivos protegidos por derechos de autor, pero no se le condenó por ofrecer enlaces, puesto que la página sólo ofrecía la ruta para llegar a los contenidos, no los propios archivos, sino que se demostró que el joven obtenía beneficio de la página por la publicidad que había incluido en ella.

Otro caso que está dando mucho que hablar, también en España, es el de la SGAE, o Sociedad General de Autores y Editores, principal 'lobby' de presión que hay detrás de los proyectos del gobierno español de restricción del acceso de los usuarios que realicen descargas ilegales. Pero parece que el celo de la SGAE está incluso molestando a las propias compañías suministradoras de servicios. Hace unos días estas se quejaban de una de las propuestas de la SGAE, que consiste en no cortar el servicio de los usuarios, sino que las compañías averigüen a qué contenidos protegidos accede cada usuario y cobrar una tasa a la propia compañía por los accesos ilegales de sus clientes, basandose en una especie de 'tarifario' o 'catálogo de productos' que suministraría la propia SGAE, cobrando una tarifa u otra a la compañía dependiendo a qué parte del catálogo accedieran más frecuentemente los usuarios. La reacción de las compañías no se hizo esperar, calificando esta propuesta poco menos que de 'locura', teniendo en cuenta que implicaría que las compañías realizaran un seguimiento de los accesos de sus usuarios, lo que va claramente en contra de la privacidad y el derecho a la intimidad, y terminando en que para poder sufragar este 'impuesto' a la SGAE deberían repercutirlo en las facturas a sus clientes, con el lógico aumento de los precios de acceso a internet, que tal y como andan las cosas, no es precisamente de los más baratos de Europa en relación calidad/precio.

Otras enmiendas ( enmiendas de los Derechos de los Ciudadanos) reclaman la no conformidad con la parte del paquete que pretende autorizar a los proveedores de Internet (ISP's) para que puedan decidir a qué páginas podrían acceder los usuarios, presuponiendo que hay algunos sitios web críticos como los correspondientes a la propia compañía ISP o al Gobierno, mediante la venta por parte de las ISP de 'paquetes' de conexión al estilo de los que se venden por ejemplo para el acceso a determinados canales de televisión, que estarían limitados a un cierto número de páginas web, lo que, según los críticos, limitaría la libertad de comunicación y la neutralidad de Internet.

Este aspecto de la neutralidad de Internet y que las compañías con intereses comerciales puedan estar en la parte que decide a qué contenidos o cómo pueden acceder los usuarios fue bastante comentado en abril pasado, cuando se conocieron declaraciones del director ejecutivo de Virgin Media, Neil Berkett, que manifestó que “eso de la neutralidad de Internet es un montón de mierda”, y cuando a la vez se supo que Virgin estaba en conversaciones con algunos proveedores de contenidos acerca de pagar para que estos proveedores suministraran contenidos de Virgin más rápido que los de sus competidores.

En este punto, ayer era el día señalado para la votación de las enmiendas al Paquete de Telecomunicaciones en el Parlamento Europeo. Los diputados Rebecca Harms y Alexander Alvaro, ambos alemanes, solicitaron el cambio en el orden de las votaciones, de tal manera que una de las primeras enmiendas votadas fue la antigua 138 (46), resultando aprobada con 407 votos a favor , 57 en contra y 151 abstenciones, lo que supone que, puesto que se ha aceptado una enmienda para modificar el texto del Paquete de Telecomunicaciones, tendrá que volver a negociarse el texto entre una delegación del Parlamento y el Consejo de la UE. La siguiente sesión parlamentaria es en septiembre, y a partir de esa fecha cuentan 8 meses para redactar y aprobar una nueva versión, la tercera, del texto. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se cerraría el trámite de este Paquete y habría que elaborar uno nuevo.

A pesar del rechazo que parece suponer este voto a favor de la enmienda 138, las enmiendas de Derechos de los Ciudadanos, que estan en contra de la limitación de acceso a Internet por parte de las ISP a determinadas páginas de la Web, no han sido aprobadas, y la sombra de una posible legislación que ampare el acceso limitado e impuesto planea sobre los defensores de una 'Internet libre'.