Hoy convendría formular la misma pregunta respecto a ciertas actuaciones judiciales que se prolongan en el tiempo, absorben recursos y no cuentan con ningún mecanismo de fiscalización sobre su coste .
En el mundo judicial existe una queja constante y justificada: faltan medios y faltan jueces. La ratio española de jueces por habitante es baja en comparación con otros países de la Unión Europea. Se calcula que los más de 5.000 magistrados en activo dictan, de media, más sentencias anualmente que días tiene el año. La sobrecarga de trabajo es evidente, y las consecuencias se traducen en retrasos, acumulación de causas y un sistema que no alcanza a dar la respuesta rápida que la ciudadanía espera de la justicia.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial lo subrayó en la apertura del curso judicial, insistiendo en la necesidad de reforzar la plantilla y los recursos materiales. El catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio lo explicó en una entrevista en la SER: el sistema judicial español está infrafinanciado, no solo en lo relativo al número de jueces y funcionarios, sino también en lo puramente económico.
Hasta aquí, todo suena razonable. Sin embargo, al mismo tiempo observamos un fenómeno difícil de entender: el despilfarro de medios en determinadas instrucciones, sin control, ni evaluación por parte de ninguna instancia superior. No existe en España un órgano que calcule cuánto cuesta realmente una investigación judicial, ni mucho menos que realice un análisis coste-beneficio para valorar si los recursos invertidos guardan proporción con la relevancia penal del asunto investigado. Esa ausencia de control abre la puerta a instrucciones eternas, sumarios que crecen sin límite y despliegues de medios que contrastan con las carencias del resto del sistema.
El caso más evidente en la actualidad es el de Begoña Gómez. La instrucción comenzó hace más de un año y medio, tras la denuncia de organizaciones de extrema derecha, precedida por filtraciones interesadas. Desde entonces, el despliegue ha sido enorme: la UCO trabajando a fondo, personal de juzgados dedicando horas interminables, funcionarios públicos a los que se pide documentación de forma continua, testigos que deben interrumpir su labor para declarar, la propia Moncloa movilizada, el presidente del Gobierno y el ministro de Presidencia implicados en la agenda judicial, además del sector privado con empresarios y directivos que pierden jornadas de trabajo para responder a requerimientos.
A todo esto, se suman los abogados que facturan sin descanso, los funcionarios que redactan autos y documentos y, finalmente, el propio juez instructor, que lleva más de dos años concentrando buena parte de su tiempo en este asunto. ¿Cuántos cientos de miles de euros se han gastado ya en un caso que, objetivamente, parece menor salvo para el propio magistrado, sus superiores de la audiencia provincial, las organizaciones que lo impulsan y los dos partidos de la derecha que lo apoyan?
Al día de hoy, el sumario consta de más de 17 tomos. Leer íntegramente ese expediente exigiría al menos una semana completa de dedicación exclusiva y un tiempo notablemente superior para analizarlo con rigor, como deberán hacer las defensas, la fiscalía y las acusaciones particulares mientras dure el secreto del sumario. Más adelante, cuando se levante dicho secreto o se produzca la previsible filtración a la prensa, los profesionales de los medios también tendrán que invertir horas en desentrañar un material que crece sin cesar. Pero cuando parece que el final se acerca el juez dicta nuevas providencias que obligan a mayores gastos, la última, por ahora, la exigencia de que la Moncloa le envíe para ser analizados por la UCO , todos los correos electrónicos enviados por Begoña Gómez y su asesora desde que llegaron hace mas de 7 años . ¿Cuánto tiempo hará falta para analizar todo ese material y cuanto costará ¿
Sería saludable que, una vez dictada sentencia, algún organismo independiente elaborara un estudio sobre el coste real de esta y otras instrucciones para introducir un mínimo de transparencia en el uso de recursos públicos.
Porque el dilema es evidente. El sistema judicial español está infrafinanciado, sí. Pero mientras se toleren gastos desproporcionados y alargamientos injustificados de procedimientos resulta difícil justificar la petición de más dinero sin una reforma previa. Primero debería existir un control riguroso del gasto judicial, con criterios de eficiencia y proporcionalidad. Después, y solo después, tendría sentido reclamar más recursos para garantizar un servicio público esencial en una democracia avanzada.
La pregunta de Pla sigue siendo válida. La luz encendida en todos los rascacielos de Nueva York tenía un coste que alguien debía asumir. Y las instrucciones judiciales que se eternizan, también. La diferencia es que, en este caso, sabemos con certeza quién lo paga: lo pagamos los contribuyentes.
Si (
No(
