Según ha revelado el corresponsal de ”ABC” en Estados Unidos, David Alandete, Santos practicaba una doble vida literaria, desdoblando -cómo el Dr. Jekyll- su personalidad bajo el seudónimo de Gustavo Buster, quien exponía sus ideas explosivas especialmente a través de la revista marxista “Sin permiso”, cuyo lema es “República y Socialismo también para el siglo XXI”, y de la que es miembro destacado de su Comité de Redacción. Ello sin permiso de la superioridad, pues -por mucho que el Ministerio de Asuntos Exteriores no haya estado en ocasiones a la altura de sus responsabilidades- no creo que haya dado la venia a la manifestación de las truculentas opiniones de un destacado diplomático, que ha ocupado durante siete años dos de los puestos más importantes y de mayor responsabilidad en la carrera diplomática española, como son la jefatura de la Representación Permanente de España ante la ONU en Nueva York y en Ginebra. Según han declarado al periódico fuentes del Ministerio, éste ignoraba que Santos escribiera bajo seudónimo, y que cualquier diplomático podía expresar libremente sus opiniones políticas, siempre que no revelara secretos oficiales.
Como ha destacado “ABC” en un editorial, la designación de Santos está ofreciendo sorpresas insospechadas, ya que en sus intervenciones y escritos “no solo se exhibe cómo sectario ideológico profundamente antidemocrático, arremetiendo contra la monarquía, la OTAN o la derecha, sino que también se descubre como fervoroso partidario del independentismo catalán”. Su predecesor en el puesto, el embajador Inocencio Arias, ha observado que Santos lleva tiempo poniendo en tela de juicio y zahiriendo la Constitución, la monarquía y nuestra pertenencia a la OTAN, e incluso abogando por el derecho de autodeterminación de cualquier parte de España. Ha señalado que habrá llenado de perplejidad a muchos diplomáticos -que en numerosas embajadas defienden cada día la unidad de España- ver como su colega en la ONU tenga dudas al respecto, tratándose de un funcionario que debería defender a España en el ágora más importante del planeta.
Vaya por delante que un diplomático -como cualquier otro funcionario- puede tener la posición ideológica que estime oportuna, militar en el partido político que le pete y expresar sus opiniones -por críticas que sean- , siempre que ello no afecte adversamente al ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, y -en el caso de Santos- parece ser que ha cruzado más rayas rojas de lo que es tolerable para un embajador de España.
Cualidades exigidas a los diplomáticos
Ya en el siglo IV, Casiodoro mantenía que la misión diplomática requería del arte de “varón sabio y prudente, capaz de expresarse ante una asamblea sutil y docta”.
Jacques Duguet decía que el embajador debería ser “ muy sabio, moderado, reservado, atento y versado en la historia”. El embajador José Sebastián de Erice enunció -de forma no exhaustiva y un tanto voluntarista- las virtudes que debería reunir el diplomático: ardor patriótico a toda prueba, educación, afabilidad, prudencia, cautela, sinceridad, fidelidad, disciplina, veracidad, serenidad, experiencia, inteligencia clara, juicio rápido, decisión lenta, caballerosidad, profesionalidad, impasibilidad, entereza, sociabilidad, largueza, mesura, comedimiento, morigeración, capacidad de observar y de estudio, laboriosidad, elocuencia y adecuada presentación externa. El embajador Mariano Ucelay simplificó el catálogo reduciéndolo a las virtudes” “teologales” - sentido de Estado, interés nacional y honor nacional- y “cardinales” -realidad, oportunidad, proporcionalidad y sentido común y del humor-.
No parece que Santos haya practicado la mayoría de estas virtudes, según se deduce de sus declaraciones y escritos, aunque quepa decir en su honor que no se ha escudado detrás de su seudónimo, que figura en la frontal de su revista de cabecera en los siguientes términos: ”Gustavo Buster-Agustín Santos Maraver (Nueva York-Madrid). Bajo ese seudónimo, ha pronunciado conferencias y participado en debates controvertidos, sin que la superioridad le haya siquiera mostrado una tarjeta amarilla, pese a la radicalidad de sus posiciones y su evidente incompatibilidad con la política interior y exterior del Gobierno español.
No conozco personalmente a Santos, ni fue alumno mío durante los 12 años en que fui profesor de la Escuela Diplomática, pues ingresó en mayo de 1982, cuando yo tuve que dejar la enseñanza en la Escuela por mis funciones de secretario general técnico, y -tras la llegada del PSOE al Gobierno- inicié mi singladura cómo embajador en diversos países. No obstante, dada mi condición de antiguo representante permanente ante las Naciones Unidas en Viena, creo tener la suficiente autoridad moral para valorar su actuación como representante de España en la ONU. Nunca me crucé con Santos durante el periodo en que compartimos carrera, ni coincidí con él en puesto alguno, por lo que no tengo ningún pre-juicio -bueno o malo- sobre él. De ahí, tenga que basar mi evaluación en los datos facilitados por periodistas como David Alandete, Daniel Tercero o Luca Constantini, que no han sido contradichos o corregidos por el interesado. Las opiniones de Santos han afectado tanto a la política interior como a la exterior del Gobierno español.
Política interior
Supongo que, cuando Santos se incorporó a la Carrera diplomática, prometió respetar la Constitución, aunque, acto seguido presentara en su fuero interno una enmienda a la totalidad de la misma, consistente en derogarla e instaurar la III República. A estos efectos, se ha servido especialmente de la oportunidad que le ha proporcionado el golpe de Estado intentado por la Generalitat en 2017. Durante su desempeño del puesto de cónsul general en Perpiñán -una especie de virrey en la Cataluña francesa-, Santos publicó hasta diez artículos en apoyo de la independencia de Cataluña. Ignoro lo que haría o dejaría de hacer para cumplir las instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores con el objeto de impedir que ningún Gobierno o autoridad internacional reconociera la independencia de Cataluña. En el artículo “La revuelta democrática de Cataluña y la reacción de Rajoy” (2017) afirmó que el referéndum ilegal del 1-O sería recordado como una de las jornadas más espectaculares de la lucha pacífica de la población catalana por el derecho a la autodeterminación, y como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Era un referéndum legal que permitía a Cataluña expresarse sobre cómo quería vivir políticamente y relacionarse con otros Estados, y supondría el final del régimen de 1978. Solo así se entendía la intransigente y violenta oposición del Gobierno central y de los partidos dinásticos a la autodeterminación.
No se trataba solo de un problema de Cataluña, sino que afectaba al conjunto del Estado. Si avanzaran el discurso, las amenazas y la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado- Ejercito, Iglesia, jueces, monarquía y cuerpos represivos-, los derechos y las libertades de los españoles se verían afectados más aún que ahora, y entonces perderíamos todos.
Defender la independencia de Cataluña era la mejor manera de acabar con el Reino de España. La secesión a través de la autodeterminación no solo era una opción para defender a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, sino también al resto de las Comunidades Autónomas, a las que se les impedía decidir si querían una Monarquía heredera directa del franquismo o una República. Extender la base social del apoyo a la autodeterminación y a la independencia suponía mostrar que una República catalana era mucho más favorable para los intereses de las clases trabajadoras que la actual situación. En España había una monarquía bananera que subsistía gracias a una amalgama de partidos dinásticos, por lo que era necesario realizar cuanto antes un cambio de régimen para acabar con la segunda restauración borbónica, a partir de la unidad de las izquierdas.
En su artículo “Resistencia, represión, libertad y Cataluña” (2018), el Cónsul general señalaba que la lucha catalana por su autodeterminación debería ser recogida por una izquierda emergente para enlazarla con la lucha de los pueblos de España por su autodeterminación y por la República. Las elecciones autonómicas que se celebraron en 2017 bajo la férula de artículo 155 de la Constitución pusieron de manifiesto la situación de una nación intervenida, pues se celebraron con políticos presos y miembros del Gobierno legítimo de la Generalitat -incluido su presidente- en el exilio, bajo amenaza de ser encarcelados; Lamentó que el presidente Carles Puigdemont no pudiera haberse presentado a la investidura como presidente legítimo de la Generalitat. Defendió la muy necesaria actuación de los comités de Defensa de la República y descalificó a Sociedad Civil Catalana como una fuerza de la ultraderecha con conexiones fascistas. Semejantes afirmaciones eran más propias de un “embajador” de la Generalitat que de un representante de España.
En relación con las elecciones generales, Santos manifestó en 2022 que habría que ver si el creciente descontento social se traducía en una movilización electoral, cuyo componente de centro izquierda estaba hegemonizado por el PSOE, pero quedaba por conocer dónde se situaba el partido que pretendía crear Yolanda Díaz. Había que evitar por todos los medios un triunfo de las derechas que desembocara en un Gobierno de PP y de Vox, que abriría la puerta a la implantación institucional de una restauración reaccionaria del régimen de 1978. El 4 de junio de 2023, tan solo unos días antes de presentar su dimisión para poder presentarse en las listas de “Sumar”, Santos publicó su último artículo como embajador de España, con el significativo título de “Derrotar al PP y a Vox”.
El embajador Arias ha planteado el caso hipotético de que Díaz lograra ser la primera presidenta del Gobierno de España y nombrara ministro de Asuntos Exteriores a Santos, y se ha preguntado dialécticamente que harían ambos si uno de sus embajadores pronunciara frases hirientes contra los herederos de Fidel Castro, despreciara a Putin o a Xi Jinping, elogiara a Marina Le Pen, e hiciera ascos al presidente de la III República. Ha contestado diciendo que suponía que el insensato sería cesado en horas 24, lo tendrían ocho años en el pasillo y finalmente lo mandarían a un consulado pacífico donde no pudiera hacer daño. Pedro Sánchez es mucho más comprensivo y generoso, y ha mantenido en su puesto durante cinco años a su representante permanente ante la ONU en Nueva York, pese a su actuación kamikaze contra el Estado y contra el Rey. Claro que, si permite que esto mismo lo hagan sus vicepresidentes y sus ministros desde el seno del Gobierno, es natural que sea igualmente tolerante con un embajador. Ha habido un precedente no muy lejano cuando el embajador en Andorra, Alberto Moreno, fue fulminantemente cesado por hacer unas declaraciones sobre la situación en Cataluña, que el ministro de Asuntos Exteriores consideró sumamente desacertadas. Era cuando gobernaban la horrenda derecha y el ex-embajador se tuvo que consolar con un puesto de concejal en un pueblo de Cataluña bajo las siglas de Podemos. Santos ha sido sin duda más afortunado que Moreno.
Esta surrealista situación plantea más un problema ético que jurídico o político. No parece normal que una persona que está radicalmente en contra de la Constitución de su país y de sus instituciones aguante estoicamente durante cinco años una insoportable situación que hería las más profundas de sus convicciones. Quizás haya llegado la hora de que se le conceda la medalla de Sufrimientos por la Patria. Había, sin embargo, una solución fácil y sencilla para superar esa intolerable situación, que consistía en conjugar el verbo dimitir, pero ya sé que eso es pedir peras al olmo. ¡Allá cada cual con su conciencia!
Política exterior
La dramática situación del ex-embajador no se agota con los problemas de conciencia que se le plantean por servir al Gobierno de un Estado que está muy por debajo de sus exigencias éticas, sino que se extiende asimismo a la política exterior de ese Gobierno, cuyas orientaciones básicas no compartía, ya fueran respecto a las relaciones con Estados Unidos y otros aliados, la pertenencia de España a la OTAN, la agresión de Rusia a Ucrania o la descolonización del Sáhara Occidental.
No parece que Santos haya estado muy de acuerdo con la política imperialista seguida por los presidentes norteamericanos, ya fueran Donald Trump o Joe Biden, y no se privó de hacer aceradas críticas a la conducta de uno u otro, mientras residía en territorio de Estados Unidos y recibía un trato privilegiado de sus autoridades. Afirmó que, en el largo declive imperial del capitalismo en Estados Unidos, adolecía el país de la falta de una alternativa que permitiera reunificar los intensos caminos de una clase trabajadora dividida, compartimentada y culturalmente radicalizada.
Especialmente duras fueron sus críticas a la política norteamericana con respecto a Venezuela. Estados Unidos había creado en este país un escenario de golpe de Estado y un extractivismo económico en bancarrota, cuyo propósito era hambrear a la población para obligarle a rebelarse y aceptar la liberación del imperialismo, para lo que se servía de Juan Guaidó, que era un peón del proyecto de golpe de Estado preparado en Washington por los Bolton y los Abrams. El saqueo del monopolio estatal del petróleo venezolano era el botín al que aspiraba el tío Sam, aunque fuera a costa de incendiar toda la región.
No sé si las críticas Santos llegaron a los oídos de los más altos dirigentes estadounidenses, merced a los poderosísimos tentáculos de los tropecientos servicios de información del país, pero si embajador fue prudente y se limitó a mantener sus descalificaciones en el reducido ámbito de la revista digital “Sin Permiso”, es posible que hayan pasado desapercibidas para la CIA o el FBI, que tienen asuntos más importantes de que ocuparse que el de rastrear una revista trotskista, que no conoce ni el periodista que la parió. Santos ha violado en es este caso una de las normas básicas de la diplomacia, según la cual los agentes diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el que ejercen sus funciones -artículo 41-1 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones de diplomáticas-. Curiosamente, aunque las autoridades norteamericanas se hubieran sentido agraviadas por los comentarios del representante permanente, no habrían podido hacer nada contra él, porque el Estado anfitrión de una Organización internacional no tiene la capacidad de declarar persona no grata a un diplomático que esté acreditado ante la Organización.
Las críticas más importantes de Santos han sido las realizadas contra la OTAN y sus Estados miembros, especialmente Estados Unidos. En su opinión, la OTAN ha sido y sigue siendo una de las causas de inestabilidad en Europa desde que se creó durante la guerra fría. Su sueño hegemónico ha producido el monstruo de pesadilla del imperialismo oprimido ruso. El embajador denunció que la “inestabilidad permanente de la competencia interimperialista en el continente europeo con la disuasión nuclear heredada del pasado era dejar el futuro en mano de los Trump, Johnson, Biden,, Putin y Stoltenberg de turno y sus socios”. Así, situaba injustamente al mismo nivel a agresores como Putin y a jefes de Estado democráticos de una Organización defensiva.
Esta confusión de las responsabilidades se puso especialmente de manifiesto en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que para Santos derivaba de “una confrontación interimperialista entre Rusia y la OTAN, que ha provocado la invasión.[…] El espacio democrático en Ucrania ha sido ahogado por la subordinación instrumental a los intereses de la OTAN”. Santos ha decidido -por sí y ante sí- que Ucrania tiene que ser neutralizada y excluida de la Alianza Atlántica para satisfacer a Rusia, sin tener en cuenta la opinión del pueblo ucraniano e ignorando que el Tratado de Washington se abre al ingreso de los Estados democráticos de Europa que lo soliciten y sean aceptados de forma unánime por todos sus miembros. Puede que la neutralización de Ucrania sea uno de los puntos básicos de un posible Acuerdo de paz, pero nunca puede ser impuesta y debería ser decidida por los propios ucranianos.
No sé si si embajador ha cumplido a pie juntillas las instrucciones del Ministerio sobre la condena de Rusia por su agresión a Ucrania. Sé, por experiencia, que no resulta fácil defender con éxito una tesis cuando no se está de acuerdo con lo bien fundado de la causa. Como ha observado el embajador Arias, ¿con qué ánimo batallará ante cualquier Organización Internacional un funcionario que crea que la OTAN es nociva? Según Alandete, durante las votaciones en la ONU en las que se condenó la invasión rusa, Santos expresó algunas reservas por estimar que la culpa de la misma no la tenía solamente Rusia. Este es, a mi juicio, un caso clarísimo de que, si un diplomático no está conforme con la política de su Gobierno sobre un tema concreto y con las instrucciones que de él reciba al respecto, lo más honrado y coherente sería presentar la dimisión.
Hay otro tema de política internacional que se puede plantear, cuál es el de la posición que deba adoptar España en la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental, una vez que Sánchez ha cambiado de forma unilateral la postura tradicional de España sobre la cuestión. Cuando Santos fungía como jefe de gabinete el ministro de Asuntos Exteriores de Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, fue enviado por éste a Canarias para que tratara de convencer a la activista saharaui, Aminatou Haidar, de que abandonara la huelga de hambre que había iniciado ante a la negativa del Gobierno marroquí a permitirle regresar al Sáhara, Para ello le ofreció la nacionalidad española, trabajo y una casa en España, pero Haidar rechazó lo que calificó de ”soborno” y logró torcer la mano de Mohammed VI, que autorizó su regreso.
No sé actualmente cuál es la posición de Santos o de su jefa Díaz sobre el tema del Sáhara Occidental. El Frente Polisario lo acusó en su día de ser el responsable de la repatriación de los cooperantes españoles presentes en los campamentos de refugiados, alegando problemas de seguridad que no existían. El número 2 de las listas por Madrid tendrá que cohabitar con la candidata número 3, la también activista saharaui, Tesh Sidi y -al parecer-con otros candidatos pro-marroquíes, y el conflicto está servido. “Sumar” cada día se parece más al camarote de los hermanos Marx en vez de a un partido serio y riguroso, por muy “marxista” que sea. El problema es que no sabemos si el marxismo es el de don Carlos o el de los famosos cómicos norteamericanos.
Respeto la ideología de Santos -aunque no la comparta- y -una vez que ha presentado su dimisión y cesado como embajador, tiene abierta la vía para declarar lo que le plazca. Creo, sin embargo, que ha actuado con frivolidad y falta de responsabilidad cuando ha estado durante cinco años al frente de una de las misiones diplomáticas más importantes de España, pese a no estar de acuerdo con su Constitución, sus instituciones y sus normas básicas. Ello habrá afectado, sin duda, al normal ejercicio de sus funciones diplomáticas.
Madrid, 17 de junio de 2023
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