La decisión se adoptará en el pleno previsto para el próximo día 22 y responde al recurso presentado por Vox contra el primer estado de alarma decretado por el ejecutivo de pedro Sánchez y que impuso el confinamiento domiciliario para luchar contra la pandemia. El cambio de ponente, ahora es Pedro González Trevijano, está en el origen de este giro que, con toda seguridad, concluirá en un reproche de inconstitucionalidad al decreto de estado de alarma que tendrá consecuencias sobre los efectos de su aplicación, tales como las multas impuestas por su incumplimiento, explican fuentes jurídicas.
La ponencia de González Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando se produjo el escándalo de los másteres, abunda en un defecto de forma más que de fondo, según las citadas fuentes. El instrumento adecuado para suprimir derechos fundamentales, viene a decir, era el estado de excepción. En su debate tendrá en frente la posición de distintos magistrados que defenderán que el confinamiento no supuso tal suspensión de derechos fundamentales si los ciudadanos podían salir a comprar al supermercado, pasear a su perro o incluso manifestarse, como pasó en Madrid, en zonas adineradas.
El recurso que atenderá previsiblemente el Constitucional fue presentado por el partido de ultraderecha Vox. El primer ponente Fernando Valdés de Res abandonó el tribunal que interpreta la Norma Fundamental por su imputación en un caso de violencia machista. En la ponencia del progresista Valdés de Rés, en la que participaron los órganos técnicos del tribunal, se consideraba que el decreto era constitucional salvó algún apartado menor y que la medida adoptada era similar a la de otros países de nuestro entorno.
La nueva interpretación en la que se apoya la mayoría conservadora defiende que las decisiones de Sánchez implicaron la anulación de derechos fundamentales y que, para hacerlo, el Gobierno debería haber optado por imponer el Estado de Excepción y no el de alarma. En esa discrepancia basa Trevijano su propuesta de declarar inconstitucional y, por tanto, ilegal el camino emprendido por el Gobierno para controlar el avance del coronavirus entre la población. Fuentes del tribunal consultadas por elDiario.es dan por seguro que si el primer decreto de estado de alarma es declarado inconstitucional, todas sus prórrogas y los que lo sucedieron acabarán corriendo la misma suerte.
El mismo tribunal que se dispone a tumbar el estado de alarma consideró en abril del año pasado que el derecho de manifestación sí podía ser limitado sin problemas. Así lo sentenció frente a quienes reclamaron por la prohibición de los actos previstos con motivo del 1 de mayo de aquel año. En aquella sentencia, el TC dijo: "No se dan las circunstancias que permitan el derecho de reunión por la situación de la pandemia". Casi un año después la misma institución está a punto de sentenciar que las principales decisiones del ejecutivo de Pedro Sánchez para controlar el virus se adoptaron ilegalmente y de espaldas de la Constitución.
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