Esta descripción inicial bien se puede equiparar a los últimos meses que han vivido un gran número de empresarios o autónomos en España. La pandemia de la Covid-19 se ha llevado por delante muchas planificaciones económicas y por ende la sostenibilidad en el tiempo de estos proyectos o negocios. Mientras el dinero en caja caía en picado, fruto del parón en la actividad o de las restricciones sanitarias, las deudas y cuotas mensuales que asumir se mantenían en sus cifras porque la renta o los costes que abordar no experimentaban variación. Si cada vez pagas más e ingresas menos, el resultado de la operación es claro y sus consecuencias no se hicieron de rogar: la bancarrota era un hecho en muchas economías domésticas.
¿Cómo dejar atrás la insolvencia?
Llegados a este punto es donde la Ley de Segunda Oportunidad ha irrumpido con fuerza y se está consolidando como el mecanismo más útil para dejar atrás las deudas del pasado y empezar de cero. Desconocida para muchos hasta hace unos meses, esta ley ha permitido y está permitiendo que miles de personas en España pasen página y se liberen de una deuda pesada que les lastraba y les impedía salir a flote.
Básicamente, lo que este mecanismo ofrece es que aquellos particulares o autónomos que se encuentren abrumados por sus deudas y vivan una situación de insolvencia grave dispongan de una posibilidad de renegociar e incluso eliminar totalmente las deudas que les rodean y que no pueden afrontar.
Bajo el nombre de la segunda oportunidad, que hace justicia al propósito de esta ley, se otorga a aquellos individuos que hayan sufrido un fracaso personal o empresarial (y que reúnan una serie de requisitos), precisamente eso, una segunda oportunidad para rehacer su vida y poder arriesgarse a emprender nuevos proyectos o negocios.
¿Cómo funciona el proceso?
Para entender su funcionamiento es importante conocer los distintos pasos que marcan este proceso desde su inicio hasta su fin. Lo más habitual es que una persona que desee acogerse a esta opción se ponga en contacto con un especialista en la gestión de este tipo de procesos.
Será él, con una labor documental previa, quien acredite si el perfil del solicitante encaja dentro de los principios de la propia ley. Para ello es primordial que el aspirante no tenga una deuda superior a los cinco millones de euros, que haya intentado hasta la extenuación saldar las deudas con los acreedores y que no haya recibido condenas en los años previos por delitos socieconómicos. Todo esto se suele agrupar bajo el concepto de la “buena fe” del deudor.
Si finalmente se reúnen estas características, se pasará a buscar un acuerdo extrajudicial de pagos en la fase de mediación donde se les presentará a los acreedores un plan de pagos ajustado al solicitante y que permita, en la medida de lo posible, que este pueda seguir desarrollando con cierta dignidad su vida. De aquí se puede salir de dos formas: o con un acuerdo o sin él. Si se da la primera opción el proceso queda zanjado, si por contra el proceso desemboca en la segunda será una sentencia judicial quien lo finalice y determine la exoneración de la deuda.
Si (
No(
