Admitiendo tal principio, recientemente y con motivo del anunciado “referéndum” catalán por parte de Carlos Puigdemont y su Gobierno, en base a su cutre totalitarismo, decidieron eliminar el derecho inquebrantable que le asiste a los ciudadanos como es el de recibir información plural y socavando la libertad de expresión tras optar por suprimir toda la publicidad institucional, así como los patrocinios de aquellas publicaciones hostiles que se nieguen a rendir homenaje al mencionado referéndum secesionista. No es de recibo que un pueblo culto como es el catalán reciba tan semejante y vergonzoso tratamiento.
Al margen de tal cacicada, una vez superada la purga a la que fueron sometidos todos los consejeros ordenada por Puigdemont para conocer su grado de adhesión al Gobierno, varios de los que superaron la prueba ya sueñan con la nueva República Catalana y sus nombramientos de flamantes ministros, mientras que otros, no con intereses estrictamente políticos, lo que ansían es poder salir airosos de sus particulares problemas judiciales tras la fechorías cometidas.
El cambio de imagen practicado en CDC no ha servido para nada, y mucho menos para enterrar los casos de financiación ilegal del partido y restantes casos de corrupción. Tal situación, en opinión de la sociedad catalana, está poniendo de manifiesto que la urgencia en provocar el choque de trenes obedece a que los políticos autonómicos y municipales puedan disipar sus temores cuanto antes.
Simplemente, haciendo pedagogía con el artículo publicado el pasado día 20 por el letrado mayor del Parlamento y profesor de Derecho Administrativo, Antonio Bayona, debería ser suficiente para descubrir la manipulación realizada por los separatistas a ultranza . El citado artículo ha supuesto un severo varapalo para los impulsores del referéndum y considerable repercusión entre la opinión ciudadana, lastimosamente anestesiada con la proliferación de mensajes engañosos difundidos desde todas las instancias oficiales de la Generalidad y medios de comunicación públicos incluidos.
La declaración efectuada por el nuevo consejero Forn, prometiendo que los Mozos de Escuadra permitirán que los catalanes voten "con entera libertad y seguridad " en el referéndum del 1º de octubre ha sido declarado ilegal, todo un sinsentido que vuelve a colocar a la Generalidad al margen de la Ley.
Que la deriva secesionista haya sido emparejada con la corrupción política en Cataluña no descubre nada nuevo, comenzando por Jordi Pujol y su familia, todos ellos imputados por su descarada ambición sin límites es algo que ya no precisa demostración. Todo un ejemplo del que en su día era cita como el "molt honorable"..¡¡Que vergüenza y que asco!! para la sociedad catalana.
Lo que ya no admite más dilaciones es que tal estado de cosas debe quedar solucionado de una vez por todas. Son ya cinco años largos soportando insultos, descalificaciones y provocaciones que deben solucionarse a través del dialogo político o arbitrándose las medidas necesarias al amparo de la Constitución y restantes leyes al respecto. Terminar con este absurdo chantaje es una necesidad, y los corruptos, una vez juzgados, deberán recibir el mismo tratamiento judicial y penal que los restantes españoles No es de recibo el soportar un día sí y otro también amanezcas de todo tipo y una manifiesta falta de respeto hacia las normas por las que nos regimos el resto de españoles, y todo ello sin contemplar el ridículo internacional que estamos padeciendo. Podemos entender la existencia de un cuerpo de seguridad como son los Mozos de Escuadra dirigido por la Generalidad, pero que encima deban velar y cuidar por la celebración de un referéndum, cuya convocatoria tenga como objetivo la ruptura de la unidad del país y pagando sus sueldos con los impuestos de los restantes pañoles ya resulta demasiado fuerte e inaceptable...Tiempo al tiempo!!