El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, nunca comunicó al órgano de inspección interno de la Fiscalía la participación que tiene desde 2012 del 25% de una sociedad en Panamá heredada de su familia y a cuyo nombre figura un chalé de lujo en Collado Villalba (Madrid).
Se trata de la empresa Duchesse Financial Overseas, que tal y como adelantó Infolibre fue constituida en Panamá en 1988, un año antes de que se registrase a su nombre la vivienda que los padres de Moix habían edificado en el municipio madrileño, un imponente chalé de 4.500 metros cuadrados con piscina cubierta y vistas a la sierra de Guadarrama.
Según han confirmado a eldiario.es fuentes del ministerio público, la inspección fiscal, que se encarga de velar por el normal funcionamiento de la institución y de advertir sobre posibles incompatibilidades de sus miembros, no ha sabido hasta ahora de la existencia de esa empresa panameña de la que se enteró por la prensa.
Moix figura en esa sociedad desde la muerte de su padre en diciembre de 2011, cuando pasó a controlar un 25% de las acciones, porcentaje similar al de sus hermanas. En cinco años y medio, primero como fiscal jefe de Madrid y ahora como responsable de la unidad especializada contra la corrupción, nunca comunicó al ministerio público su participación en Duchesse Financial Overseas.
El dato es relevante porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es muy restrictivo con las actividades privadas que pueden desempeñar los miembros de la carrera. El régimen de incompatibilidades que establece el artículo 57 del citado estatuto prohíbe a los fiscales "el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil. Se exceptúa la transformación y venta de productos obtenidos de los bienes propios, operaciones que podrán realizarse, pero sin tener establecimiento abierto al público".
Ese mismo artículo establece que el puesto de fiscal es además incompatible "con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".
Las fuentes de la Fiscalía consultadas sostienen que no se podrá saber si Moix ha incurrido en incompatibilidades o vulnerado el estatuto hasta que aclare qué tipo de empresa es y cuáles son las funciones del jefe de Anticorrupción en la sociedad panameña.
En el ministerio público, donde crece el estupor por las continuas polémicas que protagoniza el jefe de Anticorrupción, se ha abierto un debate sobre si Moix tenía la obligación legal de poner en conocimiento de la inspección fiscal su participación en la sociedad panameña.
Los miembros de la carrera consultados no se ponen de acuerdo, aunque la mayoría sostiene que su obligación ética era haber facilitado esa información a la institución. Y coinciden en que es inasumible para la imagen de la institución que el máximo responsable de la unidad especializada contra la corrupción tenga acciones en una firma radicada en un paraíso fiscal.
Como recuerdan compañeros y subordinados suyos con lustros de experiencia, se trata de la persona que persigue actividades delictivas que en muchas ocasiones tienen a esos países como protagonistas.
"Es un asunto personal"
Un portavoz oficial de la Fiscalía General del Estado ha considerado sin embargo "un asunto personal" la participación de Moix en la empresa panameña y ha insistido en que debe ser el jefe de Anticorrupción quien revele si declaró o no sus participaciones en la sociedad familiar. El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio a entender este miércoles que no tenía conocimiento anterior de la sociedad y que se ha enterado por los medios de comunicación: "Me han dicho que existía la noticia pero tendré que verla y confirmarla".
Las palabras de Maza alegando que la primera información le llegó por los medios contradicen además al propio Moix, que en declaraciones a la cadena SER afirmó haber comunicado al fiscal general la existencia de la sociedad el martes cuando recibió la llamada de Infolibre para recabar su versión.
Manuel Moix no ha atendido las llamadas de eldiario.es. Varios medios, entre ellos El Mundo, citaron fuentes próximas al fiscal jefe de Anticorrupción para señalar que Moix "no ha participado en la administración de la sociedad y que ésta no se disolvió porque acarreaba unos gastos elevados en Panamá que alguno de los hermanos no quería asumir en ese momento".
El castigo que establece el Estatuto por incumplir las obligaciones que establece puede derivar incluso en la expulsión de la carrera. El último episodio de estas características tuvo lugar hace apenas tres meses, cuando el teniente fiscal de Madrid, Emilio Valero Martínez de Muniain, fue sancionado por una falta muy grave cuando se descubrió que administraba varias bodegas y empresas cerveceras como consecuencia de una herencia. Valero perdió la condición de fiscal el 2 de marzo, cuando se publicó su sanción en el Boletín Oficial del Estado.
Casi todos los partidos salvo el PP exigieron su cese y reclamaron explicaciones al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha optado por no hacer valoraciones y se ha remitido a lo que pueda decir el propio Moix. El presidente del Gobierno ha respondido a la prensa con un lacónico "sí" cuando se le ha preguntado si mantiene su confianza en el jefe de Anticorrupción, al que ya respaldó hace tres semanas tras el escándalo de las escuchas en la operación Lezo.
El fiscal jefe de Anticorrupción ya había sido reprobado por el Congreso de los Diputados, junto al fiscal general, José Manuel Maza, y a Catalá por su polémica gestión en la Operación Lezo que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González.
"Tiene que dar una explicación"
En la carrera el clima es de estupefacción y las asociaciones profesionales no han tardado en salir para reclamar explicaciones inmediatas ante la última polémica de Moix. La Asociación de Fiscales (AF) es la mayoritaria dentro de la carrera. Sus votos en el Consejo Fiscal sirvieron para aupar a Moix a la Fiscalía Anticorrupción al tiempo que su portavoz se hacía con la plaza de la Audiencia Nacional. Hasta ahora había hecho una defensa cerrada del desempeño de Moix tras cada polémica que le afectaba, pero en esta ocasión no ha sido así.
"Entendemos que se tiene que dar una explicación", asegura su portavoz, Jesús Alonso, quien prefiere no entrar a valorar las informaciones ni el relato sobre la herencia que ha hecho Moix a través de un medio de comunicación. En su opinión, y confía que así será, el jefe de Anticorrupción saldrá públicamente a explicar por qué participa en una sociedad con sede en Panamá.
Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) muestran su "su enorme preocupación" porque la información sobre la sociedad de Moix en Panamá no vaya a tener ninguna consecuencia. "Es tiempo de mudanza, ha llegado el momento de tomar decisiones sin esperar que escampe durante el mes de agosto", añade en un comunicado.
"Al frente de quien debe combatir cualquier tipo de corrupción no puede estar un fiscal permanentemente cuestionado, siempre en el ojo del huracán", sostiene la UPF, que reclama la destitución de Moix a fin de recobrar el prestigio de la Fiscalía Anticorrupción: "Es momento de tomar decisiones de naturaleza personal, pues permanecer o porfiar en el error es nocivo".
Miguel Pallarés, portavoz de de la Asociación Profesional e Independiente (APIF) de Fiscales, no esconde la “sorpresa” que le ha provocado la noticia. "Nos parece muy sorprendente que al frente de la Fiscalía que debe perseguir a quien tiene sociedades en paraísos fiscales haya una persona que tenga una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirma. Al igual que la AF, emplazan a Moix a dar explicaciones cuanto antes. Aunque, más allá de lo que pueda decir, Pallarés cree que este es un indicio más que cuestiona la idoneidad de Moix para seguir al frente de Anticorrupción y hace un llamamiento a Maza: "El fiscal general del Estado debería empezar a mover ficha".
José Precedo / Marcos Pinheiro / Pedro Águeda
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