Presentan una querella contra Al Assad por terrorismo en tribunal español

La querella, sobre cuya admisión debe ahora decidir el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha sido interpuesta en representación de una mujer española de la que se desconoce la identidad, por la detención ilegal, tortura y ejecución en 2013 de su hermano, de nacionalidad siria, informó en un comunicado un despacho de abogados, informó Efe.

La denuncia, conocida este miércoles, acusa al Estado sirio, liderado por Al Assad, de haber cometido a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia, un supuesto delito de terrorismo contra la población civil.

El bufete que suscribe la querella, Despacho Internacional y Guernica 37, alega que la denunciante, de nacionalidad española, es víctima de la detención forzada, la tortura y la ejecución de su hermano.

Por ello indica que en virtud de la ley de justicia universal "los tribunales españoles ostentan jurisdicción para investigar y enjuiciar estos hechos, constitutivos de un delito de terrorismo".

Según la querella, desde marzo de 2011 en respuesta a las manifestaciones de la llamada Primavera Árabe, el Estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con las protestas y cualquier tipo de disidencia mediante detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.

Como resultado de la tortura y de las enfermedades ocasionadas por las terribles condiciones de detención, miles de detenidos han fallecido en estos centros y otros han sido ejecutados.

En septiembre de 2013, un policía forense sirio desertó y consiguió salir de su país y se llevó consigo miles de fotografías de torturados y cadáveres en centros de detención ilegales.

Varias de esas fotografías -según los denunciantes- corresponden al cuerpo torturado y sin vida del hermano de A.H., que fue detenido en febrero de 2013.

Solo a través de las fotografías del archivo de ese policía - al que se ha atribuido el nombre de César - la familia ha podido saber que fue torturado y ejecutado en un centro de detención en Damasco.

La comunidad internacional no ha iniciado proceso judicial alguno a efectos de establecer responsabilidades penales, a pesar de la sistemática comisión de atrocidades por parte del Estado sirio, señalan los abogados.