Los críticos del PSOE alegan el voto en conciencia y el rechazo al PP en su recurso contra la multa

Los ocho diputados del PSOE que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy saltándose la disciplina jugaban este miércoles su última carta interna para tratar de evitar la multa máxima que les ha impuesto la dirección. Han presentado el recurso apurando el plazo que les ha dado el secretario general del grupo, Miguel Ángel Heredia, que les trasladó la decisión de imponerles la sanción de 600 euros a última hora del pasado miércoles, en pleno puente de la Constitución. Los diputados del PSC acatarán la decisión y no registrarán alegaciones esta vez.

Los díscolos socialistas, orientados por la magistrada Margarita Robles, que es una de las sancionadas, repiten algunos de los argumentos esgrimidos cuando la dirección les notificó la apertura de un expediente sancionador. Son razones jurídicas basadas, por ejemplo, en el voto en conciencia que permite el reglamento del grupo parlamentario.

"Esto de la moral cristiana y seguir los pasos procesionarios de la virgen de Triana me está empezando a molestar –expresa el diputado vasco Odón Elorza en declaraciones a eldiario.es–. El voto en conciencia parece que para algunos solo sirve cuando se debate sobre el aborto y temas de estos, como si la conciencia para los socialistas estuviera limitada a temas muy propios de los cristianos".

El escrito también recuerda que los parlamentarios no están "sometidos a mandato imperativo". De hecho, sostienen que no se les puede sancionar de acuerdo con el reglamento interno porque la decisión de la abstención no fue "acordada" en el seno del grupo socialista sino impuesta por el Comité Federal.

También recuerdan que adquirieron un compromiso con los votantes durante la campaña al asegurar que rechazarían un gobierno de la derecha del PP, según explican algunos de los castigados. Consideran, además, que las políticas de Rajoy son una justificación en sí mismas de la que fue su orientación negativa en la investidura y así se lo trasladan a la dirección parlamentaria.

Así, el escrito recuerda la "autonomía organizativa y política" del grupo en su actividad que se "orientará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa electoral del PSOE, así como por las resoluciones aprobadas en el congreso federal del partido y por las directrices emanadas del Comité Federal". El recurso enfatiza que el cumplimiento del programa figura en primer lugar.

Los ocho diputados del 'no', que se han hecho inseparables desde las fechas próximas a la investidura, sostienen que en el escrito en el que se les comunicó la sanción la dirección no les dio argumentos para imponerles la multa, que dan por descontada pese a este nuevo intento de evitarla. "No han dado ninguna respuesta a la alegación que hicimos sobre el voto en conciencia y cuando se resuelve un recurso hay que dar respuesta a lo que alega el recurrente", expresa una de las parlamentarias.

En el escrito firmado por el número dos de Antonio Hernando no se explicaba ninguna razón más allá de la ruptura de la disciplina de voto para imponer la multa. "Se ha podido comprobar tu voto distinto al fijado por la resolución del Comité Federal del 23 de octubre, sobre la posición política del Grupo Parlamentario Socialista ante el proceso de investidura. Ante estos hechos, y teniendo en cuenta tus alegaciones, el Comité Director ha considerado procedente la aplicación del artículo 33, en el apartado D de nuestro reglamento interno con una sanción de 600 €", se limitaba a decir la comunicación. Argumentan "indefensión" por no haber tenido acceso al informe sobre el que se basó la comunicación que les llegó sobre la apertura del expediente sancionador.

Los flecos de este último recurso se cerraron a última hora de este martes e incluyen una queja específica de los diputados apartados de sus responsabilidades en el grupo al considerar que han sido "doblemente" castigados –Sofía Hernanz quedó fuera de la dirección; Pere Joan Pons, de la portavocía de la Comisión de la UE; Susana Sumelzo, de la de Cooperación Internacional, Zaida Cantera, de la viceportavocía de Defensa; Luz Seijo, la de Educación; y Rocío de Frutos, de la de Empleo– hagan una mención específica. "Lo grave de esto no es la sanción económica. Está en el apartamiento que han hecho de diputados que ya no están en tareas de cierta responsabilidad en temas en los que son especialistas. Perjudica la fuerza del grupo parlamentario", explica Elorza.

Además, no descartan iniciar otras vías si la dirección no responde en su castigo a los argumentos que esgrimen en el recurso. "Hay una lógica jurídica muy fuerte. Si no se responde debidamente, habrá continuidad en ese recurso", expresa Elorza, que evita adelantar qué pasos darán.

Por el contrario, los siete diputados del PSC, que se saltaron la disciplina decidida en el Comité Federal siguiendo al Consell Nacional de su partido, han decidido pagar la multa sin presentar alegaciones. "Asumimos las consecuencias", explicó Meritxell Batet a Europa Press. "Tomamos una decisión política que entonces pensábamos que era lo que había que hacer, que era votar 'no' a una investidura, y asumimos las consecuencias", argumentó la diputada catalana, que está en contra de lo que van a hacer sus ocho compañeros de filas: "Hacer lo que crees que debes hacer está bien, pero después debes asumir las consecuencias de tus actos. Es la responsabilidad mínima que se nos puede exigir".

Irene Castro

eldiario.es

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