En España estas cosas se suelen solventar con un socorrido "me gusta la música, pero ahora hay que ver la letra". Hablamos de esa clase de situaciones en las que uno da un 'sí' condicionado a un planteamiento que a priori parece bueno, a la espera de ver cuál es su aplicación real... sobre la que se mantienen algunas dudas.
Con esa actitud entre esperanzada y escéptica es como el Fondo Monetario Internacional observa la sucesión de medidas en el ámbito del mercado de trabajo aprobadas por el Gobierno de España desde febrero de 2012, cuando se aprobó el cuerpo central de la reforma laboral, hasta el pasado mes de diciembre, cuando se aprobaron las últimas medidas para estimular el empleo a tiempo parcial.
"El éxito de la reforma depende de su aplicación: hasta ahora la efectividad de las medidas ha estado comprometida por la interpretación restrictiva de los jueces", subrayan los técnicos del Fondo en su último trabajo Empleos y crecimiento: impulsando la recuperación económica, en que hacen un análisis específico de la situación del mercado laboral en España.
El Fondo Monetario está convencido de que las medidas adoptadas por el Gobierno van en la dirección correcta y así lo ha manifestado la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, que en las últimas semanas ha aplaudido en varias ocasiones el pulso reformista del Ejecutivo.
Sin embargo, conserva alguna duda sobre la aplicación práctica de las mismas, a la vista de los problemas que se han encontrado en los tribunales algunas de las disposiciones de la reforma laboral, singularmente las referidas a los despidos colectivos.
Un 'Plan B'... por si acaso
El Fondo considera, además, que los avances conseguidos en algunos ámbitos, como la consolidación de la moderación salarial en la negociación colectiva, están aún lejos de compensar los desajustes que se generaron en el inicio de la crisis.
Por todo ello, insta al Gobierno a tener preparado un "plan de contingencia" por si las medidas aplicadas hasta el momento no fueran suficientes para conseguir una creación de empleo suficiente.
El FMI no pierde la oportunidad de identificar algunas medidas que podrían incluirse en ese Plan B.
- Armonizar el coste del despido en contratos fijos y temporales. El Fondo considera que la temporalidad del mercado laboral español está detrás de la desmesurada destrucción de empleo en España en los años de la crisis.
Después de todas las reformas, en España sigue existiendo un esquema laboral en el que los contratos fijos tienen derecho a una indemnización de hasta 45 días, mientras que en los temporales no pasa de nueve días.
"Esta amplia brecha ha sido responsable del recurso masivo (por parte de las empresas) al despido de empleados temporales como recurso seguro para protegerse ante shocks adversos", aventura el FMI.
Corregir ese desequilibrio es esencial, en opinión, del Fondo para evitar que el despido de temporales continúe siendo el recurso estándar de las empresas para reducir sus estructuras de costes.
- Romper la vinculación obligatoria de las empresas a los convenios. Su segunda propuesta es aún más audaz. Supondría, de hecho, acabar con la negociación colectiva en España tal y como se ha entendido desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980.
Según el FMI, "el Gobierno debe estar preparado para avanzar hacia un modelo de adhesión voluntaria en la negociación colectiva".
Aplicar este modelo supondría un ruptura total con el esquema actual de negociación colectiva, en el que los pactos que se alcanzan entre las organizaciones empresariales y los representantes de los trabajadores en un sector determinado se aplican por defecto a todas las empresas del sector, salvo acuerdo en contrario en el seno de las mismas.
La reforma laboral facilitó el descuelgue de los convenios sectoriales a las empresas en problemas, pero institutos de análisis como Fedea ya advirtieron que este esquema no resolvía los problemas en las pymes que seguían teniendo que aplicar las disposiciones previstas en los convenios sectoriales.
Algunas pymes se han buscado la vida por su cuenta para sortear esta vinculación obligatoria, incluso moviéndose en el filo de la legalidad, según ha denunciado Comisiones Obreras.
Lo que propone el FMI es acabar con ese esquema y que sean las empresas las que decidan si se acogen o no a las condiciones establecidas en los convenios sectoriales, en función de su situación.
Fuente: lainformacion.com - Bruno Pérez - 28/01/14
(290).jpg "La directora gerente del FMI, Christine Lagarde")
.jpg "La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Empleo del Congreso para hacer un balance de la reforma laboral")
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