Aguirre y Gallardón se enfrentan ante Rajoy por la derogación de la doctrina Parot

En concreto, ha preguntado si el Ejecutivo no estaba en condiciones de dar la baja en el tribunal europeo del representante nombrado por el Estado español (en tiempos de Zapatero), el ex alto cargo socialista Luis López Guerra. Se ha encargado de la réplica, y de zanjar cualquier discusión, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón: el mandato es inamovible y dura nueve años.

Aguirre fue la única dirigente popular que pidió la palabra después de los informes presentados por Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal ante la dirección del partido. El presidente del Gobierno había aludido al disgusto personal y del PP por la derogación por Bruselas de la doctrina del Tribunal Supremo que permitía que los terroristas más veteranos de ETA y con más asesinatos en su historial sigan en la cárcel hasta cumplir el mínimo de 30 años y al margen de los beneficios de pena obtenidos durante su estancia en prisión.

Como en la versión oficial sostenida por el Gobierno se achaca como factor decisivo de la sentencia la posición previa que tomó el magistrado-político español (fue secretario de Estado con Zapatero) en el Tribunal Superior de Derechos Humanos en contra de la doctrina Parot, Aguirre se preguntó si no se podía haber cambiado a López Guerra antes de que se consumara el fallo en contra del TS español. Según fuentes del PP, Rajoy no respondió directamente a la cuestión planteada y fue el ministro de Justicia quien salió a explicar la posición del Ejecutivo. Según los citados medios, Ruiz-Gallardón fue contundente en la respuesta (era legalmente imposible) y los detalles ilustrativos sobre la sentencia.

Por el tono, según los asistentes, se deduce que el ex alcalde de Madrid no quería acusar a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid de desconocimiento de los trámites, pero la pregunta de Aguirre es la primera aproximación oficial que se registra en el PP por la forma de llevar el caso en el Gobierno. Nadie duda de que no supiera que el mandato de López Guerra es inamovible. El Ejecutivo de Rajoy recurrió en su día el fallo y lo retrasó hasta el final, pero ha sido ahora cuando el tribunal de Bruselas ha enterrado la doctrina Parot.

Bárcenas, detrás de los pagos por Génova

María Dolores de Cospedal aprovechó la reunión del comité ejecutivo para reiterar que el PP sólo tiene una contabilidad, que es la que obra en poder del Tribunal de Cuentas, y la misma que está en poder del juez Ruz. Aunque el magistrado que se ocupa del caso Bárcenas ve indicios de contabilidad “en negro” en el Partido Popular por pagos en obras de la sede nacional, la secretaria general insiste en que todas esas facturas y abonos, por valor de 5,6 millones de euros, están en el juzgado dentro de la documentación aportada.

Cospedal comunicó que el PP pedirá a la Fiscalía que inste a Ruz para que revise la contabilidad facilitada al tribunal y para que compruebe la veracidad de la misma. Según la dirigentes de los populares, el origen y el autor de “otras cuentas y otros papeles” de donde Ruz deduce que hay indicios de ilegalidad es “quien todo el mundo sabe” (Bárcenas).

Fuente: Elconfidencial.com - Ángel Collado - 25/11/2013