La cancillería brasileña «está reuniendo elementos acerca de las circunstancias en que se verificó la salida del senador boliviano y su entrada en el territorio nacional», señala una nota oficial, que añade que el encargado de negocios en La Paz, Eduardo Saboia, ha sido llamado a Brasilia para prestar «aclaraciones».
La nota también dice que el Ministerio de Exteriores brasileño «abrirá una investigación y tomará las medidas administrativas y disciplinarias» que correspondan, lo que sugiere que pudo haber alguna irregularidad en la salida de Pinto, quien estaba alojado en la embajada brasileña en La Paz desde el 28 de mayo de 2012.Diez días después de esa fecha, Brasil le concedió el estatus de asilado político, pero el senador no había podido abandonar la legación diplomática porque el Gobierno de Evo Morales se negó a concederle el salvoconducto necesario.
Corrupto y condenado
Según las autoridades bolivianas, Pinto responde ante la justicia en varios procesos por supuesta corrupción, en uno de los cuales ya ha sido condenado a un año de prisión.
Pinto llegó hoy a Brasilia, donde fue recibido por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Ferraço, quien reveló que el legislador boliviano contó con complicidad oficial brasileña para abandonar su país. Dijo que salió de la embajada en La Paz en un coche oficial de esa legación, escoltado por «fusileros navales», y que fue llevado por tierra hasta Corumbá, en el lado brasileño de la frontera, en un viaje que duró 22 horas.
En Corumbá fue «recibido» por agentes de la Policía Federal brasileña y desde allí se dirigió a Brasilia en un avión privado enviado por el propio Ferraço.
«Esa fuga, obviamente, tiene que ser explicada, tiene que ser informada por el propio Gobierno brasileño. No sabemos exactamente cómo lo ha hecho, para eso están nuestras Cancillerías», dijo hoy el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana. «Pinto se ha fugado como un vulgar delincuente, como se fuga un delincuente de la cárcel de Chonchocoro, como lo hacen de la cárcel de San Pedro (ambas de La Paz)», agregó el ministro.
Quintana calificó a Pinto de «prófugo» de la justicia boliviana, y aseguró que el Gobierno boliviano se valdrá de «todas las acciones legales que correspondan en este caso, tanto dentro del derecho internacional, de los convenios bilaterales, así como en el marco del propio Derecho Interno boliviano».
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