EEUU entrega una base a Ecuador entre fuertes críticas por su presencia el país

Autoridades ecuatorianas asumieron el control del FOL en una ceremonia realizada en la propia base, en la que dejaron sentado el rechazo a las bases extranjeras en territorio nacional.
"Nunca más bases extranjeras en territorio ecuatoriano, nunca más una venta de la bandera", declaró el canciller Fander Falconí, quien reiteró críticas del gobierno a la concesión en 1999 de una parte de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Manta a Washington.

El Pentágono devuelve a Ecuador la base de Manta tras diez años de operaciones

Una sencilla ceremonia castrense y protocolaria formalizó el traspaso de la soberanía a Ecuador de la base de Manta. La instalación militar que durante diez años utilizó el Comando Sur de EE UU era desde hace semanas una ciudad fantasma. Con el acto, además, se cumplía la promesa de campaña de Rafael Correa. Los norteamericanos ya no están pero, según su Gobierno, han dejado inversiones de 71 millones de dólares (53 millones de euros).

El ex presidente Jamil Mahuad firmó, sin consenso con los partidos políticos, el acuerdo que permitió en 1999 a Washington establecer el 'Puesto de Operaciones Avanzadas' (FOL por sus siglas en inglés) en la ciudad portuaria de Manta, pequeña pero próspera.

Desde entonces, la presencia de los militares estadounidenses en territorio ecuatoriano dividió a los habitantes del país suramericano.

El Gobierno de Washington asegura que anualmente contribuía a la economía local con unos 6 millones de euros. Además, afirman haber construido 39 edificaciones, para ser utilizadas por los entre 200 y 400 militares allí destinados, y una pista de aterrizaje de coste millonario.

Pero desde las filas, ahora gubernamentales, se han denunciado desmanes de las tropas. Según un informe presentado por Marcos Martínez Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública, se investigará las actuaciones de las fuerzas estadounidenses. Se les acusa de «desaparición de personas, homicidio, tortura, vejaciones a menores e incursión ilegal en nuestro mar territorial». Los opositores aseguran que se dedicaban a controlar la inmigración ilegal en lugar de combatir el narcotráfico, especialmente desde que en 1997 abandonaron la base en Panamá.