Una abogada estafa a dos colombianas fingiendo gestionar sus permisos de estancia en el país

Por ese motivo el juzgado de lo penal número 2 le ha impuesto una pena de tres meses de prisión, y una multa de 361 euros, además de la inhabilitación para ejercer la abogacía por dos años y una indemnización de 13.000 euros.

La sentencia considera probado que hace nueve años, las dos ciudadanas colombianas habían acudido al despacho de la condenada para solucionar una orden de expulsión del territorio español por estancia ilegal del año 1.999. La abogada les exigió varios documentos (certificado de penales, seguro médico,...) al final, llegaron a un acuerdo por el que la abogada llevaría a cabo todos los trámites necesarios por una minuta de 900 euros cada una.

Gestión imposible

La acusada, pese a que recibió el dinero, no recurrió las órdenes de expulsión. De hecho, ni siquiera era necesario, porque ya habían sido revocadas. La abogada sabía, además, que tampoco era posible tramitar ese recurso aunque fuera necesario porque ya había transcurrido el plazo para ello.

Tampoco presentó las solicitudes de regularización de la situación administrativa en España de sus clientes, ni la de permiso de residencia antes de acabara marzo de 2.000, lo que era un requisito previo.

Cobrar por nada

Tras examinar estos datos, el juez determinó que la abogada había cobrado los 1.597 euros sin realizar ningún trabajo y condenó a la mujer, que aceptó la pena y rechazó su derecho a presentar un recurso de alegación, así como el pago de las costas del juicio.