Bolivia presentará pruebas contra opositor Manfred Reyes Villa ante la CIDH

La ministra se encontraba en Washington donde esta misma semana participó en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que José Miguel Insulza fue reelegido como secretario general.

Suxo señaló en una rueda de prensa que ha trasladado al organismo interamericano la "profunda preocupación" de su Gobierno ante las reiteradas peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos de supuesta persecución política "cuando en realidad son prófugos de la justicia boliviana, que deben responder por denuncias formales por hechos de corrupción".

En concreto, hizo referencia al ex prefecto Luis Alberto Valle, que tiene asilo político en Chile, y el de Manfred Reyes Villa, que fue el principal rival del presidente Evo Morales en las elecciones presidenciales del pasado diciembre y que actualmente reside en Estados Unidos.

La ministra presentó ante la prensa las diez carpetas que el Gobierno boliviano va a entregar a la CIDH con las denuncias por hechos de corrupción interpuestas en Bolivia, de las que, dijo, en tres ya existe una acusación formal y están esperando a que la justicia se pronuncie en firme para seguir adelante con el caso.

"Se ha declarado perseguido político, en muchas cadenas de EE.UU. se muestra como la víctima de nuestro Gobierno y dice que no se le ha hecho un debido proceso, que no existen pruebas que le vinculen a hechos de corrupción, pues hemos traído aquí diez carpetas con las diez denuncias que existen contra él" que entregarán al titular de la Comisión Interamericana, el argentino Santiago Canton, dijo.

Entre las denuncias está la adquisición irregular de vehículos de lujo, la construcción deficiente de carreteras y otras infraestructuras en el departamento de Cochabamba y falsedad de documentos, señaló.

La alta funcionaria boliviana lamentó que Reyes Villa se declare "perseguido político cuando vive en un departamento de lujo en Miami a costa del dinero que se robó", el cual cuantificó en 22 millones de dólares.

Sostuvo que, "cuando utilice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para declararse perseguido político, primero que aclare de dónde sacó esa fortuna", con la que se podrían haber construido muchas casas y muchas escuelas, explicó.

Por su parte, Reyes Villa afirmó el pasado febrero que acudió a la CIDH para que sea la justicia internacional la que decida sobre las demandas interpuestas contra él, dado que en su país no se le garantiza un proceso como es debido y se han agotado todas las instancias jurídicas.

Nardy Suxo insistió en que no hay persecución pero que su Gobierno no quiere "que los hechos de corrupción queden en impunidad".

En este sentido subrayó los avances del Ejecutivo de La Paz con la puesta en marcha de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establece varios aspectos que habían sido requeridos por la OEA para cumplir con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.

Esta ley incluye garantías de protección para denunciantes y testigos, la ampliación de las atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras y la extinción del secreto bancario.

Además, establece que los delitos de impunidad no prescriben porque hasta ahora "muchos de los denunciados a través de hechos que obstruyen la justicia estaban buscando la prescripción del caso, pero con esta ley los hechos no prescriben y esto nos ayuda enormemente".

La ministra señaló que en Bolivia existe una plena independencia de poderes y se respeta el proceso judicial, sobre todo, en los delitos de corrupción, enfatizó.

En cuanto a los casos de corrupción y fraude denunciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha solicitado la devolución del dinero de una serie de proyectos sociales y educativos, apuntó que esa gestión no corresponden a su Gobierno.
"Hay que aclarar que fueron ex gobiernos, gobiernos del pasado, no del nuestro", los que gestionaron los fondos, dijo la ministra, que comentó que conocieron esta noticia en Washington y que todavía no han tomado ninguna acción aunque "seguramente" la van a tomar.

Suxo se mostró a favor de que las ayudas de los organismos internacionales se fiscalicen tanto por las propias instituciones como por parte de los Gobiernos que la reciben para que se conozca la rendición de cuentas y se asegure que se cumplen los proyectos.

En referencia a que podrían estar involucrados en el fraude algunos miembros del actual gabinete, la ministra dijo que todavía no se conoce quiénes son los implicados pero que el Gobierno tomará acciones porque "quien comete un hecho de corrupción no sólo es un corrupto, es un traidor al proceso y a la revolución democrática y cultural".