El segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, desoyó el consejo del presidente Ollanta Humala de renunciar al cargo, mientras una comisión del Congreso aprobó abrirle una investigación por la presunta comisión de varios delitos de corrupción.
Después de que Humala declarara el domingo que Chehade, quien también es congresista, debería "dar un paso al costado" para permitir las investigaciones en su contra, y dejar de afectar al Gobierno, el vicepresidente mantuvo un silencio absoluto y no se pudo conocer su paradero.
En medio de la expectativa general, los periodistas lo esperaron durante todo el día en vano en la sede del Congreso, donde una subcomisión iba a analizar su caso, y a las afueras de su vivienda.
Según una investigación periodística, Chehade se reunió el mes pasado con varios jefes de la policía para coordinar el desalojo de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi, que la administran por orden judicial, para entregar la compañía al poderoso grupo empresarial Wong, uno de los accionistas en conflicto.
El caso fue debatido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del parlamento, que votó a favor de abrir una investigación contra Chehade por una supuesta infracción constitucional y la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
El grupo de trabajo, que preside el legislador Víctor García Belaunde, también consideró improcedente una acusación por el delito de falsedad genérica. La decisión de esta subcomisión aún deberá ser aprobada por la Comisión Permanente del Congreso y, de ser aceptada, tendrá un plazo máximo de 15 días para realizar sus investigaciones.
Si la subcomisión decide que procede formular una acusación, esta deberá ser aprobada por el Pleno, que decidirá si Chehade es desaforado para que pueda ser procesado por el Poder Judicial.
El presidente Humala señaló el domingo, al ofrecer un balance de sus primeros cien días de gestión, que "lo mejor sería que (Chehade) dé un paso al costado" para afrontar las acusaciones que han dañado la imagen de lucha contra la corrupción que esgrime el Gobierno.
Humala remarcó, sin embargo, que esa decisión "debe nacer" de Chehade y recordó que él ha defendido la presunción de inocencia en este caso y la necesidad de allanarse a las comisiones investigadoras.
"No vamos a blindar ni apoyar a la persona, vamos apoyar a la verdad, y se lo he hecho saber al presidente de la Comisión de Ética del Congreso", dijo Humala a un grupo de periodistas que lo entrevistó en la casa de Gobierno.
El jefe de Estado garantizó que "no habrá ningún intento de presión" e informó que ha ordenado al ministerio del Interior entregar los informes sobre la participación de los generales de la policía implicados en la denuncia.
El pedido de Humala también fue apoyado por varios representantes del Gobierno, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, y los ministros de la Mujer, Aída García Naranjo, y de Trabajo, Rudecindo Vega.
"Es la sugerencia del presidente de la República y, naturalmente, yo la respaldo", enfatizó hoy Roncagliolo, mientras que García Naranjo admitió que estas denuncias afectan "la imagen de una gestión" del Gobierno. Remarcó, al respecto, que la Comisión de Ética del Congreso "debería acelerar el proceso de evaluación de este caso y tener una posición final".
Por su parte, el ministro de Trabajo aseguró que el Gobierno está esperando que Chehade tome una "decisión prudente" luego del pedido de Humala. "Esperemos que el congresista Omar Chehade, luego de una evaluación prudente y serena tome la decisión adecuada", comentó.
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