Conceden el arresto domiciliario a un ex general condenado a prisión perpetua en Argentina

El juez Rago Gallo resolvió aceptar la prisión domiciliaria bajo la guardia de Edith Abarca de Menéndez, la esposa del general retirado, de 82 años y detenido en la prisión de Bouwer, en la provincia argentina de Córdoba (centro). EFE/Archivo
La medida fue tomada por el magistrado Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Juzgado Federal de San Juan, aunque la fiscal Graciela López de Filoñuk analiza un exhorto de un tribunal de la provincia de San Luis que impediría que Menéndez regrese a su casa, precisaron los portavoces.

El juez Rago Gallo resolvió aceptar la prisión domiciliaria bajo la guardia de Edith Abarca de Menéndez, la esposa del general retirado, de 82 años y detenido en la prisión de Bouwer, en la provincia argentina de Córdoba (centro).

La decisión judicial ratifica la resolución de la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina, que en abril pasado concedió el arresto domiciliario a Menéndez hasta que quede firme la condena a prisión perpetua que recibió en 2008 por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La resolución, que aún no se ha hecho efectiva, obedece además a que las leyes argentinas permiten conceder este beneficio a los mayores de 70 años.

Menéndez gozaba de arresto domiciliario cuando el año pasado comenzó en la provincia de Córdoba el juicio oral y público en su contra por el secuestro, tortura y asesinato en 1977 de los militantes políticos Humberto Brandalisis, Ilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

Durante el proceso, el tribunal que lo juzgó dispuso que se alojara en una dependencia militar y cuando lo condenó, a finales de julio pasado, ordenó su envío a una cárcel común.

En agosto de 2008 Menéndez recibió otra condena a prisión perpetua, en este caso en la provincia de Tucumán (noroeste), por el secuestro, las torturas y desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse.

Unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.