Una afirmación que contrasta con la última decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside que despedirá este jueves a 6.000 sanitarios. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores o técnicos de laboratorio que en marzo de 2020 firmaron los llamados contratos COVID con la administración regional para hacer frente a la oleada creciente de pacientes por la pandemia que en Madrid colapsó todo el sistema sanitario: desde la Atención Primaria hasta los hospitales, y que ahora firmarán una carta de despido.
Como ya ha contado anteriormente en elDiario.es, en su mayoría no se trata de personal añadido, sino que son sanitarios que llevaban encadenando durante años contratos temporales, y por tanto precarios, en el Servicio Sanitario de Salud. No contaban como personal estructural, por lo que quedaban fuera de la estadística oficial de personal en la sanidad madrileña, pero sacaban mucho trabajo diario que no era suficiente como demuestran los datos de listas de espera. Unos regresarán a esos puestos temporales que abandonaron durante dos años: guardias, contratos de tres días, sustituciones... Otros pasarán a engrosar las cifras del paro. De los algo más de 11.000 contratos Covid, la Consejería de Sanidad ha decidido quedarse con 5.000 profesionales, de los cuales 170 se integrarán en la nueva Unidad de Rehabilitación Funcional que se ha instalado en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, un espacio que ha costado al menos 150 millones de euros, el triple de lo inicialmente presupuestado, y al que Ayuso trata de dar alguna utilidad una vez han decaído los pacientes con coronavirus.
Estos despidos se programaron para finales de diciembre, pero los contratos fueron finalmente renovados hasta marzo debido a la sexta ola , que volvió a colapsar el sistema de la Atención Primaria y de nuevo tensionó los hospitales. Ahora, los despidos son inminentes pese a las protestas, a que las listas de espera no han dejado de aumentar en los últimos meses y a que Ayuso ha ofrecido para los refugiados en Ucrania 1.500 camas de la red de hospitales públicos, así como la tarjeta sanitaria inmediata. Miles de ciudadanos ucranianos que están llegando a Madrid tienen derecho por tanto al acceso a la sanidad pública. Pero los sanitarios no aumentarán, todo lo contrario.
La decisión del Gobierno regional coincide con el segundo aniversario del cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que fueron clausurados con motivo de la pandemia y que dos años después siguen con el candado echado. Hay muchas posibilidades de que nunca más vuelvan a abrir. Según declaró el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante uno de los plenos que se celebran los jueves en la Asamblea de Madrid, la idea de la Consejería es “repensar” estos centros, un total de 37 repartidos en toda la región. En el último año en que estuvieron abiertos, en 2019, atendieron a 753.678 pacientes, un 1,70% más que en el ejercicio anterior. Su horario comprendía entre las 20.30 horas, tras el fin de la jornada de los ambulatorios, y las 08.30 horas de la mañana del día siguiente.
El personal de estos centros está a día de hoy destinado a los grandes vacunódromos de la región instalados en el Wizink Center y en el Wanda Metropolitano, explica a elDiario.es Luis Hernández, secretario general del sindicato mayoritario del SUMMA 112, sin que sea la intención del Gobierno regional contratar a más personal ni que estos vuelvan a sus puestos anteriores.
Protestas ante la falta de personal en la Atención Primaria
Mientras esto sucede, paralelamente se va a ejecutar a fecha de 31 de marzo el despido de los más de 6.000 sanitarios con contratos COVID. Las cartas de despido comenzaron a comunicarse vía correo electrónico hace diez días por parte del Servicio Madrileño de Salud. “Desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria queremos agradecerle su compromiso con la organización a lo largo de estos meses así como los servicios que ha prestado en los difíciles momentos vividos y su total dedicación en el desempeño de los mismos”, empieza el escrito que recibieron los cientos de sanitarios que trabajan en los centros de salud y que no volverán a sus puestos a partir de este viernes.
La delegación madrileña de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO Sanidad Madrid) denunciaba hace unos días el despido de “1.298 profesionales en Atención Primaria antes de que termine marzo”, lo que supone un 77% de los contratos de refuerzo COVID. Desde Amyts, el sindicato mayoritario de médicos, han convocado este jueves a mediodía una manifestación frente a la Consejería de Sanidad para reclamar una mayor inversión y recursos humanos para la Atención Primaria.
El colectivo médico demanda de manera “inmediata” una inversión económica urgente finalista para Atención Primaria destinada, entre otras cosas, al aumento de plantillas con creación de las plazas de facultativo, necesarias para que estos desarrollen todas sus competencias y para cubrir las ausencias ordinarias y extraordinarias.
Listas de espera
La Atención Primaria está cada día más precarizada, según denuncian sanitarios y usuarios que a la mayoría de los casos no consiguen cita con sus médicos de cabecera en semanas. Pero la situación no es mucho mejor en los hospitales de la región, donde las listas de espera no han dejado de aumentar estos dos últimos años debido a que lo prioritario ha sido la COVID.
“Tenemos un panorama en el hospital complicado, en mi sección se van 10 personas y nos quedamos en cuadro”, dice Manuela –nombre ficticio–, internista en el hospital 12 de Octubre. Ella tenía un contrato COVID después de encadenar contratos precarios con el SERMAS durante más de 10 años. Es una afortunada que en el último momento ha logrado quedarse en su puesto. El jueves firmará un contrato de interinidad después de que un facultativo se haya jubilado.
El caso de Francisco es menos esperanzador. Este enfermero del hospital de Getafe vuelve a la precariedad más absoluta: “Regreso al modelo anterior, el de ir encadenando contratos de tres días”, lamenta en conversación con esta redacción. “Después de dos años de mucho trabajo y muchas dificultades, ahora muchos nos vemos en la calle sobre todo cuando hacemos falta”, se queja.
Ramón, cardiólogo del 12 de octubre correrá peor suerte. “Yo me voy a la calle”, cuenta al otro lado del teléfono. Este médico no era un recién llegado a la sanidad madrileña ya que durante años encadenó contratos temporales. Ahora no puede regresar ni a ese modelo. Ramón explica que desde hace meses el trabajo que venía realizando era estructural, no solo de atención a pacientes Covid. También que ha llegado a hacer sustituciones por vacaciones en otras especialidades. Los despidos que se culminarán este jueves los califica de “maltrato por parte de las instituciones”. “Hemos estado cubriendo trabajo estructural y no sé que va a pasar, pero muchísimos compañeros van a tener problemas importantes de cubrir el trabajo”, añade.
El caso de Ramón es también el de Jorge, bioquímico. También firmará este jueves su carta de despido y al igual que Ramón considera que su salida perjudicará a sus compañeros pero también a los usuarios de la sanidad pública en general.
La consecuencia directa de la tensión que sufrió la sanidad madrileña durante la pandemia son unas listas de espera disparadas en todas las especialidades, especialmente en las cirugías. “Sentimos mucha ingratitud por parte de la Consejería y de la Comunidad de madrid por la falta de consideración que han tenido después de dar el callo”, lamenta.
Madrid superó en noviembre el millón de pacientes en lista de espera para una primera consulta con el especialista. 90.586 personas esperan una cirugía. La demora para ser operado se ha disparado en Madrid, pasando de las 230 personas que esperaban 180 días –seis meses– para una operación en febrero de 2020 a las más de 17.432 en febrero de 2022, el último mes del que hay registros. Las personas que esperan más de un año para ser operadas también se han multiplicado por diez en poco más de un año. El resumen es que las listas de espera se han disparado un 3.500% desde que comenzó la pandemia. Pero no solo en las cirugías: 553.601 esperan una primera consulta con el especialista. 265.629 esperan más de 90 días.
Rebaja de impuestos
La razón que siempre ha alegado la dirección de recursos humanos a los sindicatos presentes en la mesa sectorial es que “no hay capacidad presupuestaria” para afrontar estos contratos que en el último año y medio se han financiado con fondos que ha transferido el Gobierno central a la Comunidad de Madrid. La realidad es que para las cuentas de 2022, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha aprobado un presupuesto que recoge un merma de 178 millones de euros para Sanidad respecto a lo ejecutado en 2019, un año previo a la pandemia. Todo esto, mientras el Gobierno de Ayuso rebaja impuestos que benefician principalmente a las rentas más altas y con lo que Madrid ha dejado de recaudar 334 millones de euros al año.
“Lo más triste es sentir que la sociedad apoya estas políticas que van en detrimento de los servicios públicos y en definitiva de todos, lo más doloroso es sin duda el abandono de la sociedad”, lamenta Ramón. “Desde luego no se ha reconocido el sacrificio que hemos hecho durante los dos últimos años”, añade este cardiólogo que desde mañana engrosará las listas del paro.
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