La coalición está ya virtualmente rota tras el cruce de denuncias protagonizado por las formaciones políticas: una impulsada por Mario Gómez, vicealcalde y portavoz de Ciudadanos, contra su propio equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia por corrupción; la otra impulsada por el PP por infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos contra el propio Gómez.
Ya en las negociaciones para pactar una coalición las formaciones se enfrentaron: el vicealcalde pedía más de lo que el primer edil, José Ballesta, estaba dispuesto a dar, y el PSOE tentaba a Ciudadanos con una alternativa de cogobernanza que implicaba un gobierno regional socialista –a pesar de que su aliado era el PP en el resto de España–, a cambio de la alcaldía. Finalmente, y con la sutil intervención de la dirección nacional aún en manos de Albert Rivera, el pacto llegó a puerto.
Gómez, que rubricó el acuerdo entre advertencias a su nuevo socio de que revisaría con lupa todas sus actividades, escenificó de forma pública una de las primeras disputas entre las formaciones ya coaligadas. Los naranjas reclamaron las carteras municipales de Fomento y Contratación, comenzando una profunda investigación en busca de prácticas desleales e irregularidades en las contrataciones. En la pasada legislatura, con Ballesta al frente y Gómez en la oposición, el tema ya estaba sobre la mesa: desde Ciudadanos se cuestionaba la legalidad en la gestión de los contratos municipales.
En febrero de 2020 el vicealcalde acusó en rueda de prensa al primer edil de "ningunear" a sus concejales y advirtió de la existencia de "muchos fallos en la coalición". "Ciudadanos no es la charanga de la comparsa del PP" llegó a afirmar el edil naranja, que aseguraba estar cansado de tener que enviar a Ballesta "numerosas comunicaciones internas para pedir reuniones y coordinación entre los grupos".
"Traición y deslealtad"
Cuatro meses después, el edil de Ciudadanos subía el listón y anunciaba un acuerdo con PSOE y Podemos –en la oposición municipal– sobre un plan de reactivación económica para la capital frente a los efectos de la pandemia. Las reacciones no se hicieron esperar y se puso sobre la mesa una posible ruptura del Gobierno en coalición. Rebeca Pérez, concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, del Partido Popular, llegó a tachar el pacto a tres bandas de "una de las situaciones más graves de traición y deslealtad" que había vivido. Pérez pidió al portavoz de Ciudadanos, y vicealcalde del equipo de Gobierno al que pertenece, que se dejara de "artimañas políticas" y que presentara una moción de censura en caso de querer gobernar con PSOE y Podemos. La propuesta a tres bandas se deshechó –pese a que tenían mayoría absoluta– y se rubricó uno nuevo apoyado por los partidos en gobierno y los socialistas.
En la misma semana, el exjefe de Servicios Generales del Ayuntamiento, Rafael Bernal, interponía una demanda por acoso laboral contra Mario Gómez, al que acusaba de un comportamiento que atentaba "gravemente" contra su "dignidad profesional, salud física y mental". El caso fue archivado cinco meses después al considerarla "infundada y carente de hechos". Un día después, se filtraba el fragmento de una videollamada en la que el vicealcalde discutía acaloradamente con miembros del Ayuntamiento murciano sobre la aprobación de un plan de Soporte Social: "Tendrás que escuchar lo que tengas que escuchar, te puedas sentir mejor o peor, lo siento; si te gusta, bien, y si no, te la envainas, y perdóname, porque no tienes otra".
La vacunación del concejal de Salud
En plena ola de vacunciones VIP, la misma que costó el puesto al consejero regional de Salud, salió a la luz que el concejal de esa área en Murcia capital, Felipe Coello –PP–, no solo se había vacunado fuera de protocolo, sino que también se dedicaba a vacunar, no estando claro la pertinencia de que forme parte de la campaña de inyecciones. Pese a que el edil se escudó en que era licenciado en Medicina –nunca ejerció– y a que había recibido un curso de formación, tanto Ciudadanos como PSOE, Podemos y Vox pidieron su cese o dimisión. Ballesta se negó a echarlo, al igual que Coello rechazó irse. A día de hoy sigue en su puesto, pese a que Gómez no contemplaba otra alternativa a su salida. El vicealcalde aseguró en una entrevista a este medio que, sin tener datos fiables, se había "vacunado en Murcia a colectivos que no estaban dentro del protocolo sanitario".
La última –y tal vez definitiva– herida abierta en la coalición viene de la mano de una investigación de la Fiscalía murciana en la gestión de los contratos públicos del Ayuntamiento de Murcia. Una investigación impulsada por la denuncia de Mario Gómez por corrupción en la gestión de contratos municipales, y que ha desvelado elDiario.es en exclusiva.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha solicitado al Consistorio los contratos salientes de las concejalías de Turismo, Descentralización, Contratación y Cultura. Fuentes municipales han confirmado a este medio que ya se remitió la documentación pedida y quitan hierro a las actuaciones policiales, y las enmarcan en el protocolo habitual. La respuesta fue instantánea: el Partido Popular se ha querellado contra el portavoz de Ciudadanos por infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
Santiago Cabrera Catanesi
@SantiagoCabCat
FUENTE: elDiario.es
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