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Ayuso busca una tregua temporal en su Gobierno a la espera de la investigación interna para decidir destituciones
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Ayuso busca una tregua temporal en su Gobierno a la espera de la investigación interna para decidir destituciones

  • La presidenta llama a aparcar la guerra abierta en público, tras semanas de filtraciones, entre el consejero de Sanidad y de Políticas Sociales mientras continúan conociéndose detalles de la desatención sanitaria en las residencias

miércoles 17 de junio de 2020, 14:38h

17JUN20 – MADRID.- Hace una semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a sus consejeros que cesaran las hostilidades en la reunión del Consejo de Gobierno. Públicamente lo ha repetido después en todas las entrevistas concedidas en los últimos días: "Creo que no tendríamos que haber trasladado una imagen de división", "no somos oposición, somos gobierno", "he pedido que seamos sensibles con cualquier tema relacionado con fallecidos, sean o no de residencias".

Con este requerimiento, enviado hacia dentro y hacia fuera, la presidenta fuerza a aparcar la guerra fría entre los responsables de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Ciudadanos) a cuenta de la gestión de las residencias sociosanitarias, donde han fallecido 7.690 personas, más del 18% del total de residentes, según los datos remitidos por la Comunidad de Madrid al Gobierno de Pedro Sánchez, y que siguen en el foco mediático por los cuestionados protocolos para frenar los traslados a hospitales en las semanas más duras de la epidemia.

Esto no significa, sin embargo, que Ayuso dé el asunto por zanjado, sino que busca una tregua temporal a la espera de los frutos que dé la investigación interna anunciada la semana pasada –a espaldas de Ciudadanos– para, cumplimentado el formalismo, decidir las destituciones en unos meses. El armisticio podría responder, según varias fuentes consultadas, a un toque de atención por parte de las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos, conscientes de que las profundas y crecientes tensiones entre los socios en Madrid son una excepción en España, si se comparan con otros gobiernos autonómicos y municipales de coalición formados por los mismos partidos.

En los últimos días, Ayuso ha adoptado una posición más bien equidistante entre Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero, pese a que el primero es de su partido. Este distanciamiento ha sido percibido en el entorno del consejero de Sanidad. La hostilidad mostrada hacia Reyero, por su parte, ha descendido –también hacia Ciudadanos por el caso del apartahotel de Kike Sarasola– y ahora la presidenta intenta mantenerse al margen de ambos.

"Cada uno tiene que explicarse por sí mismo porque, muy probablemente, cuando Reyero explique lo que él ha hecho y Escudero explique lo que ha hecho él, que es lo que pretendo saber ahora, la sensación será otra", intentaba pacificar los ánimos en una entrevista en El Confidencial. La imagen de Escudero se ha desgastado a pasos agigantados: la oposición ha pedido su dimisión y tratará de reprobar su gestión en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

El equipo de Ayuso ya ha comenzado a pedir documentación a ambas consejerías y también a la de Justicia porque las tres formaron parte del mando único, confirman miembros del Ejecutivo a eldiario.es, que desconocen cómo se va a llevar a cabo la anunciada investigación, asumida por la presidenta entre críticas de la oposición.

Mientras, Ayuso se desentiende de los protocolos para bloquear la derivación de mayores de los hospitales a las residencias, el punto que ha hecho estallar la polémica y ha colocado el asunto en el foco mediático. Especialmente después de que el consejero de Políticas Sociales calificara las órdenes de "ilegales" y de la filtración de unos correos, enviados por Reyero, que alertaban del riesgo de que "muchos residentes fallecieran de forma indigna" si Sanidad no actuaba. Ayuso dice ahora que conoció los protocolos "con el tiempo", justifica que no pasaron por el Consejo de Gobierno y asegura que si se decidió no derivar a los enfermos de las residencias, fue por "pragmatismo", no por "negligencia ni dejación".

Ceses postergados

Los posibles ceses de los consejeros, por tanto, se van a postergar. Ambos cuentan, dentro de su horizonte, con la posibilidad de ser destituidos en unos meses, en un posible quid pro quo entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado –cada uno solo puede destituir a los de su propio partido, según el pacto de Gobierno–, como publicó El Confidencial. Aunque en Ciudadanos hay quien no ve claro apartarlos porque eso significaría admitir que no se hizo bien y no sería beneficioso para el curso de las causas judiciales que están por venir.

Los rumores de que el consejero de Sanidad puso el lunes pasado su cargo a disposición de Ayuso cargan la munición argumental del PP ante un eventual cese en el futuro, pese a que la presidenta regional ha negado que la dimisión se pusiera sobre la mesa. A la vez, los populares manifiestan enfado en público con la filtración de correos. Tras publicar El País una nueva carta escrita por Reyero, esta vez dirigida a Amnistía Internacional, el portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha afeado al consejero que parezca que hable más "con gente de fuera" que con sus propios "compañeros de Gobierno".

Las inspecciones de la Policía Municipal de Madrid, a cuyas actas ha tenido acceso eldiario.es, acreditan que al menos cinco residencias pidieron auxilio sin recibir respuesta de la Comunidad de Madrid. A algunas tampoco acudió a tiempo la UME. A estas pruebas se suman partes médicos de urgencias que niegan el ingreso de pacientes de residencias por la "situación de saturación" y testimonios de familias y trabajadoras que relatan el horror de hacerse cargo de decenas de personas enfermas sin recursos médicos en las semanas más duras de la epidemia. También han salido a la luz los protocolos que avalaban todas estas actuaciones, calificados como "borradores" por Ayuso y luego como documentos que sí se enviaron pero "por error", según una versión posterior del consejero de Sanidad.

Ayuso también ha bajado el pistón con Ciudadanos en otro asunto que abrió una brecha entre los socios: el apartahotel en el que se alojó la presidenta, propiedad del empresario con intereses en Madrid Kike Sarasola y un posterior contrato, publicado por "error" según el Gobierno regional, asignado a este mismo empresario por 560.000 euros. El consejero de Políticas Sociales cesó al secretario general técnico, Miguel Ángel Jiménez, por considerarlo el "máximo responsable" de subir el documento al portal.

Ese dinero nunca se llegó a pagar, dijo entonces la consejería, y se retiró en unas horas de la página web. La explicación no convenció a Ayuso, que anunció otra investigación interna. Ahora que las aguas bajan más calmadas, aunque sea por unas semanas, la presidenta pide "no ahondar mucho más ello" tras filtrarse por parte del Gobierno regional que las primeras pesquisas apuntaban a una falsificación de documento público. Es decir, un delito.

7.690 usuarios de residencias de Madrid murieron de marzo a mayo, mientras la Comunidad investigaba solo 14 de 710 centros

Sofía Pérez Mendoza

FUENTE: eldiario.es

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