Agentes de Pinochet se disculpan por primera vez por crímenes

Un grupo de represores de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron este viernes por primera vez perdón por sus crímenes, un gesto duramente rechazado por familiares de las víctimas que calificaron esa medida como un "show mediático".

En el marco de una celebración religiosa al interior del penal de Punta Peuco, una cárcel especial en que cumplen condenas un centenar de agentes de la dictadura, nueve de los internos, entre ellos Raúl Iturriaga, uno de los jerarcas de la temida policía política del régimen, pidieron perdón por sus crímenes.

"Dios está haciendo algo extraordinario en este país. Esto no había podido ser posible hasta hace poco", dijo a periodistas el pastor anglicano Pablo Alvarez al final de la ceremonia, a la que no tuvo acceso la prensa.

En las afueras del penal, unos 50 familiares de víctimas de la dictadura se apostaron desde temprano para expresar su rechazo a la ceremonia, que calificaron de un "show mediático" destinado a conseguir una rebaja en su condena o una amnistía, por su avanzada edad.

"Tenemos el derecho y la moral de estar aquí para no permitir este show mediático", dijo Alicia Lira, de la Agrupación de familiares de ejecutados políticos.

"Nadie de los que escuché pidió que se le rebajara la pena o se le diera la amnistía", afirmó por su parte el sacerdote católico Fernando Montes, también presente en la ceremonia.

En Punta Peuco, una cárcel especial para condenados por delitos de lesa humanidad y en la que los internos cuentan con mejores condiciones frente al resto de la población penal, cumplen condenas por secuestros, torturas y asesinato un centenar de exmilitares y agentes civiles de la dictadura, que se saldó con más de 3.200 muertos o desaparecidos y unos 28.000 torturados.

"Estamos hablando de hombres que cometieron crímenes horribles", abundó Lira, que instó a los represores a dar a conocer toda la información que aún no entregan para hallar a los cerca de 1.000 detenidos que permanecen desaparecidos.

La justicia chilena mantiene abiertas 1.184 causas penales por crímenes contra los derechos humanos, de acuerdo a un informe anual de la Universidad Diego Portales.

Las agrupaciones de víctimas afirman que solo un 5% de los casos ha logrado ser resuelto.