El Parlamento griego aprobó hoy por unanimidad aplazar por un año la subida del IVA en las islas griegas golpeadas por la crisis de refugiados, una de las dos medidas anunciadas por el primer ministro, Alexis Tsipras, que soliviantó a los acreedores por no haber sido consultados previamente.
El voto de esta disposición, introducida como enmienda dentro de otra ley, estaba previsto para el pasado lunes, pero finalmente fue aplazado, citó Efe.
La enmienda suspende -hasta el 1 de enero de 2018- la subida en un 30 % del IVA sobre todos los bienes y servicios que se producen o se venden en las islas del Egeo oriental afectadas por la ola de refugiados, con excepción del tabaco y los transportes.
El anuncio de esta medida, junto con la paga extra a los pensionistas más pobres que aprobó el Parlamento la semana pasada, condujo a que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) congelara las medidas de alivio de la deuda griega a corto plazo aprobadas en el Eurogrupo del 5 de diciembre.
Tsipras defendió sus decisiones con el argumento de que sufragará estas medidas sociales con parte de los excedentes acumulados este año en el erario y afirmó que el reparto de este superávit es asunto "soberano" de Grecia.
El Grupo de Trabajo del Eurogrupo está analizando desde ayer si decide finalmente dar vía libre al alivio de la deuda, pero pide que Grecia se comprometa a confirmar por escrito que se trata de medidas excepcionales y no constituye un cambio de los compromisos adquiridos al firmar el tercer rescate.
La iniciativa gubernamental y las reacciones de los acreedores del país han incrementado la incertidumbre sobre el cierre de la segunda evaluación del rescate, cuya conclusión estaba inicialmente prevista para comienzos de diciembre.
La intención inicial del Gobierno era aplicar a los "arrepentidos" una tarifa del 50 %, pero los acreedores la calificaron de demasiado clemente. EFE
La citada enmienda formaba parte de una amplia ley cuyos restantes artículos fueron aprobados en la madrugada del martes y que forman parte del programa de ajustes asociado al rescate.
Se trata de cambios en el procedimiento de quiebras empresariales, incentivos al pago con tarjeta y los tipos impositivos que se aplicarán a los contribuyentes que quieran arreglar su situación fiscal tras haber omitido declarar impuestos en el pasado.
En el caso de las bancarrotas empresariales, la nueva ley persigue acelerar el proceso de rescate si se considera que la compañía en cuestión puede sobrevivir, y su liquidación en el caso contrario.
Sobre el uso del dinero plástico, la ley contempla que a partir del próximo año solo podrán acogerse a la base exenta de impuestos (8.636 euros anuales) aquellas personas que efectúen entre el 10 % y el 20 % de sus pagos con tarjeta, dependiendo de los respectivos ingresos.
Por otro lado, los contribuyentes que tienen previsto legalizar su situación fiscal y declarar ingresos de años anteriores, podrán hacerlo pagando un impuesto de entre el 60 % y el 70 % de la cuantía no declarada en su debido momento.
La intención inicial del Gobierno era aplicar a los "arrepentidos" una tarifa del 50 %, pero los acreedores la calificaron de demasiado clemente.