Luego de que Luis Freddy Lala Pomavilla no aceptó la visa, el gobierno del presidente Felipe Calderón sólo espera que mejore su estado de salud para apoyar a su repatriación a Ecuador, dijeron el sábado funcionarios federales que pidieron no ser identificados.
Desde Quito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que su gobierno busca agilizar el retorno de Lala, para lo cual se trasladó a México la secretaria del Migrante, Lorena Escudero.
Mientras, el vocero de seguridad del gobierno mexicano, Alejandro Poiré, anunció el sábado en una declaración a la prensa internacional que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó asumir por completo las investigaciones de la masacre, debido a que todos los indicios apuntan a un hecho cometido por la delincuencia organizada que es competencia federal.
Hasta ahora, la investigación se realizaba de manera coordinada entre la PGR y la Procuraduría de Tamaulipas, donde el martes fueron localizados los cadáveres de los migrantes. La masacre fue descubierta gracias a que Lala logró huir e informarla a un grupo de militares.
"A fin de tener todos los elementos para garantizar que se pueda llevar a cabo la investigación en el contexto de la delincuencia organizada, el ministerio público federal, a través de la Procuraduría General de la República, ha decidido atraer la investigación, cosa que se hará en las próximas horas", dijo Poiré.
Lala atribuyó a miembros del cartel de las drogas de Los Zetas el asesinato de los indocumentados en un rancho del estado norteño de Tamaulipas, en un acontecimiento que ha sido condenado a lo largo del continente.
"Esta masacre es similar al genocidio de los tiempos de Hitler", sostuvo el canciller hondureño Mario Canahuati, en declaraciones al Canal 5 local.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas sólo han identificado a 31 de los 72 migrantes, debido a que eran los únicos que traían algún documento como tarjetas de identidad o licencias de conducir. Para dar con la identidad de los 41 restantes, los investigadores toman huellas dactilares, fotografías e incluso podrían recurrir a pruebas de ADN.
De los migrantes identificados, 14 eran originarios de Honduras, 12 de El Salvador, cuatro de Guatemala y uno de Brasil.
Fabiana Cárcamo, hermana de una de las víctimas hondureñas identificada como Miguel Angel Cárcamo de 40 años, dijo al Canal 5 de Honduras que desconocidos pidieron a la familia 1.500 dólares para ayudarlo a cruzar a California, Estados Unidos.
Familiares de los guatemaltecos asesinados también dijeron que la semana pasada recibieron llamadas extorsivas exigiéndoles dinero para que sus parientes pudieran continuar su viaje, en el que intentaban llegar a Estados Unidos indocumentados.
Las autoridades hondureñas esperan que los cuerpos de sus ciudadanos lleguen el domingo al país centroamericano en un avión de la fuerza aérea mexicana.
Hasta el momento sólo permanece detenido un sospechoso, un mexicano que dijo tener 16 años.
Poiré dijo que la masacre se enmarca en la lucha que mantienen Los Zetas con sus antiguos aliados del cartel del Golfo.
Jaime Suárez Vázquez, el fiscal de Tamaulipas que inició la investigación por la masacre, se encuentra desaparecido desde el miércoles.
Lala relató que cinco vehículos interceptaron en una carretera el autobús en la que viajaban los migrantes, según declaraciones que hizo a las autoridades y a las AP tuvo acceso. Más de 10 hombres descendieron y se identificaron como Zetas, relató el migrante ecuatoriano que logró escapar y llegar hasta un retén de la Armada de México.
Los migrantes fueron atados de las manos y llevados a un rancho, donde Los Zetas les exigieron trabajar para ellos. Sólo uno aceptó, según el testigo. El resto fueron vendados de los ojos y los presuntos Zetas advirtieron a los migrantes que los iban a matar antes de abrir fuego.
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