UE aprueba sanciones a empresarios que contraten a indocumentados

El Parlamento Europeo (PE) implementa definitivamente la imposición de sanciones administrativas y, en algunos casos, penales a los empresarios que den trabajo a inmigrantes en situación irregular. Los principales grupos expresaron su apoyo al acuerdo pactado por el ponente de la directiva en la Eurocámara, el socialista italiano Claudio Fava, con los gobiernos de la Unión Europea, que tendrán un máximo de dos años para introducir las sanciones en su legislación.

Los eurodiputados que intervinieron en el debate recalcaron, en su mayoría, la necesidad de actuar contra los empleadores para dar un enfoque global a la lucha contra la inmigración ilegal.

La propuesta que respalda la Eurocámara, tal y como ya hicieron los miembros de la comisión de Interior y Justicia, obligará a los Estados miembros de la UE a aplicar unas sanciones mínimas a escala comunitaria a las personas físicas o jurídicas que contraten a personas en situación irregular.
Éstas incluyen desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.

Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.

La directiva contempla sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si contratan a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona empleada es víctima del tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.

Fava destacó la importancia de este punto, pues será "la primera vez" que la UE imponga penas de este tipo en el ámbito de la inmigración. Sin embargo, las sanciones penales han recibido las críticas de algunos diputados, que consideran que la norma europea podría entrar en colisión con las competencias nacionales.

Si el empleador es un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios serán considerados responsables, según el texto, y su implicación será plena en caso de que se demuestre que estaban al corriente de la situación de ilegalidad de la empresa subcontratada.

En el caso de las personas que utilizan a sin papeles como empleados del hogar, el texto contempla "sanciones financieras reducidas" siempre que no se trate de casos de explotación. Para el eurodiputado de CiU Ignasi Guardans, las sanciones contenidas en la directiva son "adecuadas y proporcionadas".
"La lucha contra la inmigración ilegal no se hace sólo con controles policiales, sino también en las oficinas de recursos humanos que contratan y explotan a los trabajadores", aseguró.

"Esta directiva, que será un instrumento eficaz en la lucha contra las mafias y explotadores, complementa las medidas que hemos aprobado en los últimos
meses", señaló por su parte el socialista Javier Moreno, en referencia a la directiva de retorno de sin papeles y a las acciones para impulsar la inmigración legal, como la tarjeta azul para trabajadores cualificados.

Moreno consideró que será necesaria "valentía" por parte de los Gobiernos para aplicar correctamente la legislación y luchar contra la "economía sumergida", y recordó que el Gobierno español ha sido uno de los principales impulsores de esta norma. Actualmente, la legislación española prevé multas de entre 6.001 y 60.000 euros por cada trabajador extranjero en situación irregular.

Por su parte, el comisario europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, Jacques Barrot, aseguró que la UE tendrá ahora un instrumento "eficaz" que "protege a los trabajadores ilegales, que son víctimas, y que va contra los empresarios sin escrúpulos". Barrot aseguró que Bruselas "prestará mucha atención a las inspecciones" para luchar contra el empleo de sin papeles.