EEUU suspende la ayuda a la inteligencia colombiana

Bogotá. El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, precisó a periodistas que "el Gobierno de Estados Unidos ha decidido transferir su colaboración" otras instituciones, específicamente a la Policía".

Brownfield agregó que su Gobierno está verificando que "nada de la colaboración (al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) haya sido usado en actividades ilícitas". El director de la central de inteligencia colombiana, Felipe Muñoz, reconoció al diario El Tiempo que con el escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales, se generó un impacto en las relaciones entre la institución y Washington.

Sin embargo, explicó que la reestructuración del DAS implicaba una disminución de la asistencia por la eliminación de funciones como la de la Policía Judicial (recolección de pruebas para procesos penales). El DAS se encuentra en tela de juicio desde 2004, cuando los medios de comunicación ventilaron las actividades ilegales cometidas por el organismo, que depende directamente de la Presidencia.

Entre los seguimientos y escuchas ilegales contra personalidades se encuentra la del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; la premio Nobel de Paz iraní, Shirin Ebadi; funcionarios de las Naciones Unidas; magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema; ex comisionados de paz o el actual embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

Por su lado, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, negó este martes que su Gobierno haya dado órdenes al DAS para hacer escuchas ilegales y seguimientos. "Nunca sugerí al DAS que viole la ley", afirmó el mandatario en una entrevista con la emisora bogotana Radio Santa Fe.

Resaltó que su gabinete ministerial es honesto y no se sirve de estrategias turbias, y dijo que eso "de mandar hacer interceptaciones es ajeno a la manera de pensar y de obrar de este Gobierno".

Durante una audiencia de imputación de cargos contra cinco ex funcionarios del DAS celebrada el pasado sábado, la Fiscalía reveló, basada en declaraciones de testigos, que las órdenes de escuchas, seguimientos e interceptaciones procedían de la sede del Ejecutivo, el Palacio de Nariño.

Además, indicó que un grupo de funcionarios del DAS constituidos en una especie de "empresa criminal" interna delineó perfiles de magistrados, rastreó sus vidas personales y determinó que se calificó de "objetivo político" a la congresista opositora Piedad Córdoba y al ahora candidato presidencial por el opositor Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro.