El juez José Castro, en el auto que remitió el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que decida si imputa a Camps y Barberá, relata varios episodios que retratan el descaro de Urdangarin en sus tratos con los políticos. Entre otros, el instructor del caso Nóos recuerda que el duque de Palma convocó una comida en un hotel de Castellón el 30 de noviembre de 2007 a la que asistieron Vicente Rambla, entonces vicepresidente de la Generalitat; la consellera de Cultura y Deportes, Trinidad Miró; el número dos del Instituto Nóos, Diego Torres, y el propio Urdangarin.
Castro asegura que durante ese encuentro Urdangarin sacó a relucir el impago por parte de la Generalitat de varias decenas de facturas por importe de 1,9 millones de euros que el Instituto Nóos había presentado al cobro a cambio de sus supuestas gestiones para que Valencia fuera la sede de los I Juegos Europeos. Todas esas facturas fueron devueltas por la entonces subsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga, porque no estaban justificadas documentalmente -en realidad, los trabajos fueron burdos corta y pega de internet-, y Urdangarin pretendía reclamar su abono.
El juez, en primer lugar, afea a Rambla y Miró su "inexplicable falta de memoria", porque, en su declaración como testigos ante Castro, "ni tan siquiera recordaban vagamente qué temas de conversación se trataron" durante aquella comida. Y resalta con ironía "el desinterés" de ambos dirigentes del PP "por conocer las razones de la convocatoria, de la que era de descartar cualquiera que tuviera que ver con la diversión o el esparcimiento, dadas las casi nulas relaciones personales" de los comensales.
"La Generalitat acabó pagando la factura"
"La influencia de Urdangarin en la Generalitat valenciana", añade Castro, "llegaba hasta el punto de hacer desplazar a su encuentro a todo un vicepresidente y una consellera". Según el juez, "ese proceder nada tiene que ver con un trato protocolario al que Urdangarin pudiera ser acreedor en tanto que miembro de la Casa Real, y sí, y mucho, con un acceso privilegiado a las contrataciones públicas compatible con un similar apartamiento de las leyes que las regulan". Tal vez por ello, "fue la Generalitat la que acabó pagando la factura de la comida", pese a que había sido el yerno del Rey "quien cursó la invitación".
Pero, al parecer, no era Urdangarin el único que practicaba el yo invito, tú pagas. El 3 de marzo de 2008, tres meses después de aquel encuentro en Castellón, fue Barberá la que invitó a Urdangarin a una comida "en un conocido restaurante valenciano". Junto a la alcaldesa de la ciudad, de nuevo se sentaron a la mesa Rambla, Miró, el duque de Palma y Torres, además del intermediario Miguel Zorío, también imputado en la causa. Y una vez más, según relata Castro en su auto, "la factura de la comida no fue abonada por su convocante", es decir, Barberá, "sino por la Generalitat".
Como colofón al presunto saqueo de las arcas públicas valencianas, la mercantil Aizoon S.L., de la que es copropietaria la infanta Cristina de Borbón, coló a la Generalitat facturas falsas por informes fantasma que nunca llegaron a realizarse. La empresa, que está siendo analizada con lupa por Castro, presentó en 2006 una factura de 70.000 euros por un estudio sobre la "viabilidad del proyecto de los Juegos Europeos", un evento deportivo frustrado antes de nacer, lo que no impidió al Ejecutivo autonómico de Camps desembolsar por él al Instituto Nóos más de 380.000 euros.
Fuente: www.elconfidencial.com - José Luis Lobo - 03/06/2013
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