Durante sus visitas a distintas cárceles, los miembros de esta comisión recabaron testimonios que apuntan a la existencia de «narcoindultos» a cambio de dinero, explicó Wong. «Las nuevas denuncias insisten en que hubo pagos. Los indicios se profundizarán en los 120 días de plazo ampliado a la "megacomisión". Necesitamos cruzar información para determinar su validez», dijo en declaraciones recogidas por el diario Perú21.
Wong adelantó que la «megacomisión» elaborará un plan de trabajo para verificar estas denuncias, de modo que serán llamadas a declarar varias personas, entre las que podría estar el expresidente peruano. «La 'megacomisión' está en su derecho de invitarlo en la medida en que ello ayude a esclarecer las denuncias. Si eso ocurre, no será una falta de respeto porque era la máxima autoridad de un Gobierno que está siendo investigado», aclaró.
Niega que la comisión sea instrumento de persecución política
El parlamentario peruano rechazó además que la «megacomisión» sea el instrumento de una persecución política. «Sus derechos están garantizados. Prueba de ello es que yo sostengo, contrariamente a los demás integrantes, que no tiene responsabilidad en algunos casos», apuntó.
Las pesquisas sobre esta cuestión comenzaron el pasado abril, cuando el programa Cuarto Poder reveló que el Gobierno de García amnistió o redujo la pena a un total de 5.500 presos, incluidas 400 personas condenadas por narcotráfico.
El pasado febrero, la Fiscalía abrió una investigación contra García por la compra de una vivienda en Lima valorada en 830.000 dólares (611.230 euros), con la que habría incurrido en un delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
El Ministerio Público argumentó que «se cuenta con datos que revelarían un incremento en el patrimonio del exjefe de Estado, que no se encuentra debidamente justificado y que ha derivado en la adquisición de dicho inmueble». En concreto, apuntó que intentará determinar si el incremento patrimonial de García «proviene de sus ingresos regulares o podría estar vinculado a un posible ejercicio irregular del cargo durante el periodo 2006-2011».
«Trabajo académico»
García aportó documentos que demuestran que desde que abandonó el cargo, el 28 de julio de 2011, ingresó hasta 3,3 millones de nuevos soles fruto de su «trabajo académico, intelectual y como escritor», y 750.000 nuevos soles por un crédito bancario.
La Fiscalía ha ordenado el «levantamiento de toda la información que haya en la Superintendencia de Banca y Seguros sobre el ex jefe de Estado», al considerar que la información proporcionada por García es «insuficiente».
García afirmó sentirse víctima de «un via crucis y un martirio», y sostuvo que estas investigaciones se deben a un intento del entorno del actual presidente, Ollanta Humala, de frenar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2016.
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