La Fiscalía peruana propone aplazar el inicio del cuarto juicio contra Fujimori

El fiscal supremo peruano, José Luis Peláez, informó a Efe que "hay algunos pedidos que estaban haciendo algunos agraviados" para constituirse como parte civil y que "necesitaban ser notificados" y acreditar a sus abogados en el juicio, programado para empezar el próximo lunes.

Entre quienes están solicitando ser incluidos en el proceso está el ex congresista de izquierda Javier Diez Canseco, uno de los líderes de la oposición durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) y que impulsó varias investigaciones de violaciones a los derechos humanos durante los años de la violencia terrorista en el país.

Otro de los interesados en constituir la parte civil es el abogado Alberto Borea, que era presidente del Senado cuando Fujimori cerró el Congreso en 1992 y luego asumió la defensa del general Jaime Salinas Sedó, uno de los oficiales que intentó dar un golpe al ex mandatario unos meses después de su propio "autogolpe" de Estado.

Borea fue asilado por Costa Rica y en 2004 fue representante de su país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fujimori es acusado por la presunta comisión de los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos), contra la administración pública (corrupción de funcionarios- cohecho activo) y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica.

La Fiscalía ha solicitado una condena a ocho años de prisión y el pago de una reparación civil de 5 millones de soles (1,6 millones de dólares) a favor del Estado y tres millones de soles (un millón de dólares) en forma proporcional para los agraviados por la interceptación telefónica.

Peláez subrayó que la Fiscalía está preparada para afrontar el juicio desde el lunes próximo y que es decisión de la sala aceptar la solicitud de aplazamiento.

En todo caso, la sala presidida por el vocal supremo César San Martín deberá tomar su decisión entre hoy y mañana a más tardar, indicó el fiscal.

Durante el cuarto juicio contra Fujimori, los magistrados lo procesarán también por el pago hecho a los denominados congresistas tránsfugas, que fueron sobornados por su entonces asesor Vladimiro Montesinos para que se integraran al oficialismo y recuperar así la mayoría en el Parlamento.

El ex presidente peruano cumple actualmente una condena a 25 años de cárcel por delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos, y también ha sido sentenciado a 6 y 8 años de cárcel en otros dos procesos por delitos de corrupción.