La tensión entre ambos no es nueva, pero ha alcanzado cotas inéditas. El año pasado, la cadena de televisión ABC, propiedad del grupo Disney, aceptó pagar 15 millones de dólares a Trump para cerrar una querella por difamación que este había interpuesto. Lo curioso del caso es que, según los expertos legales, la demanda tenía pocas posibilidades de salir adelante por la protección que concede la Primera Enmienda de la Constitución a la libertad de expresión. Disney prefirió pasar por caja porque era mejor pagar y enterrar el asunto que someterse a un desgaste reputacional y a un largo y costoso proceso judicial.
Pero el dinero no ha calmado las aguas. Poco después de ese acuerdo, otro chiste en la programación volvió a desatar su ira. Esta vez, la respuesta no ha sido una demanda en los juzgados, sino un movimiento mucho más controvertido. Trump ha recurrido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para ejecutar lo que muchos analistas consideran una venganza personal, utilizando las instituciones del Estado para defender sus propios intereses.
La FCC ha anunciado una revisión de varias licencias de emisión en abierto, propiedad de ABC, en un intento de presionar y censurar los contenidos políticos que molestan al presidente. También ha abierto una investigación al programa de debate The Wiew por no mantener el obligado equilibrio ideológico entre los invitados. Disney responde acusando al regulador de querer usurpar las funciones de los editores. Lo paradójico es que esta ofensiva llega precisamente en un momento en el que la televisión clásica se está muriendo poco a poco ante el empuje de los nuevos hábitos de consumo digital.
Para Disney, el golpe de la FCC es un problema, pero no una amenaza mortal para sus finanzas. Los ingresos de la televisión tradicional representan apenas una quinta parte de los beneficios operativos del grupo. El verdadero campo de batalla de la compañía es otro, y ahí es donde se acumulan los números rojos. En claro contraste con el viejo negocio televisivo, la plataforma de streaming Disney+, genera escasos beneficios y arrastra una deuda de unos 8.000 millones de dólares acumulada a lo largo de los últimos cinco años.
La presión política y el desequilibrio financiero van a poner todos los focos sobre el nuevo consejero delegado : Josh D’Amaro, recién llegado desde la división de parques temáticos, el área que mejor ha funcionado y que más ingresos estables ha aportado al grupo en los últimos tiempos.
El listón que tiene por delante es alto. Su predecesor, Bob Iger, que estuvo al frente casi 20 años , es considerado el ejecutivo que más ha hecho por el legado de Disney desde el mismísimo Walt. Iger, que provenía del mundo de la televisión tradicional y de la propia ABC, transformó la empresa mediante compras históricas como Pixar, Marvel y Star Wars, convirtiéndola en el gigante que es hoy.
Ante este relevo, el diario Financial Times publicaba recientemente un amplio reportaje sobre la era Iger en el que lanzaba la pregunta ¿puede su sucesor conseguir que un conglomerado tan diverso —que abarca estudios de cine, televisión clásica, plataformas de streaming, parques temáticos y productos de consumo— sobreviva y compita en el mercado actual?
La realidad de la industria del entretenimiento ha cambiado drásticamente. El enemigo de Disney ya no son los otros grandes estudios de Hollywood. Hoy en día, el sector está dominado por gigantes tecnológicos como Apple, Amazon o Alphabet (Google), compañías que valen billones de dólares y para las cuales el contenido audiovisual es solo un complemento de sus gigantescos sistemas de servicios, dispositivos y datos. Esas tecnológicas tienen una capacidad financiera casi ilimitada para absorber pérdidas en el streaming mientras construyen sus imperios.
Josh D’Amaro se encuentra, por tanto, en una encrucijada histórica. Por un lado, debe capear los ataques de Donald Trump. Por el otro, debe reestructurar un conglomerado que pierde dinero en su apuesta de futuro (el streaming) mientras su viejo motor (la televisión) se apaga y el coste de mantener los parques y los estudios sigue al alza. El reto no es solo defender la libertad de expresión de su cadena frente a la censura de la FCC; el verdadero desafío es demostrar que el modelo clásico de entretenimiento aún puede vencer a los billonarios de Silicon Valley
Si (
No(
