Ayuso dejaba claro así que el fin de la campaña electoral no va a suponer una tregua en su estrategia de confrontación con el Gobierno central, una constante desde que Pedro Sánchez fuera investido presidente en enero de 2020 con un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que se intensificó con la llegada de la pandemia.
Díaz Ayuso y su entorno consideran que su éxito en los comicios del 4M –en los que ha doblado los escaños y ha absorbido a Ciudadanos que ha dejado de tener representación en la Asamblea de Madrid– tiene que ver precisamente con esa posición de oposición institucional constante al Gobierno. De ahí que no vaya a cambiar ni un ápice la estrategia que ha marcado cada una de sus decisiones en el último año y medio y hasta pide que otras autonomías la repliquen. La presidenta madrileña en funciones abogó el día después de los comicios en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, por instaurar su modelo "anti-sanchismo" en otros territorios gobernados por el PP.
La candidata del PP el 4M, que revalidará la Presidencia en unas semanas con el apoyo de Vox, anticipaba de esta forma que el fin de las elecciones no va a suponer un cambio en la Puerta del Sol en sus mermadas relaciones con Sánchez. Esta última semana, el Ejecutivo de Ayuso ha vuelto a posicionarse en contra de cada decisión y paso del Gobierno central: ha criticado la decisión del Ministerio de Sanidad y parte de las comunidades autónomas de administrar la segunda dosis de la vacuna Pfizer a los menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca; ha cuestionado el plan para la vuelta a las aulas en septiembre –que finalmente ha apoyado–, y ha reprochado la llegada de 20 menores extranjeros no acompañados a Madrid procedentes de Ceuta, tras la crisis migratoria propiciada por Marruecos. Hasta se ha posicionado en contra de que se relaje la exigencia de la mascarilla como está ocurriendo en otros países, ahora que la vacunación avanza.
Madrid fue la última comunidad autónoma en imponer como obligatorio el uso de la mascarilla el pasado verano y ahora que el Gobierno se abre la relajar la medida en el exterior, el Gobierno regional decide ir en contra. "Las mascarillas habrá que quitárselas cuando el virus haya sido derrotado y haya plenas garantías de que este tipo de decisiones tengan todo el respaldo de la comunidad sanitaria", dijo el consejero de Vivienda en funciones, David Pérez, este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en contra de la posibilidad planteada por el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, el día anterior.
En el foco de todas las críticas del Ejecutivo de Ayuso está siempre el Gobierno central, a pesar de que algunas de estas decisiones están consensuadas con la mayoría de las comunidades autónomas. Es el caso de la segunda dosis a los menores de 60 años que recibieron AstraZeneca. La mayoría de los gobiernos regionales acordaron con Sanidad que se administre la segunda dosis de la marca Pfizer, tras el estudio Combivacs impulsado por el Ministerio. Al igual que Andalucía y Castilla y León, Madrid ha criticado la decisión después de haberse posicionado en contra de mezclar vacunas. El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, recordaba este viernes que la postura de la Comunidad sigue siendo la de completar la pauta con una segunda dosis de AstraZenca.
Madrid critica la decisión de administrar la segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 años, pese a que las quejas del Gobierno de Ayuso y de otras regiones acabaron recogiéndose en la Comisión de Salud Pública del pasado martes. Sanidad va a permitir inocular la segunda dosis con AstraZeneca a aquellas personas que lo deseen mediante un consentimiento informado. Escudero se quejaba este viernes y defendía que el consentimiento debería ser para administrar la segunda dosis de Pfizer, porque es el "criterio técnico" el que no avala la postura de Ministerio y comunidades.
Lo cierto es que la posición adoptada por el Gobierno central genera controversia entre los expertos que consideran que el estudio realizado no es lo suficientemente riguroso. En cualquier caso, pese a la posibilidad de inocular la segunda dosis con AstraZeneca en los 41.000 profesionales de sectores esenciales que recibieron la primera hace más de tres meses, la Comunidad de Madrid decidía esperar al pronunciamiento el Comité de Bioética para tomar una decisión final sobre cómo proceder para completar la vacunación de los menores de 60 años, según indicaba el consejero de Sanidad en funciones este viernes en rueda de prensa.
Menores no acompañados
La vacuna de AstraZeneca ha sido solo un tema más en una semana de confrontación de Ayuso contra Sánchez. La crisis migratoria desatada en Ceuta por la decisión de Marruecos de abrir las fronteras para que ciudadanos del país entraran masivamente por la ciudad autónoma, en su mayoría menores de edad, provocaba el enésimo reproche del Ejecutivo de Ayuso contra el Gobierno, en la línea de la posición del líder del PP, Pablo Casado. En una reunión de urgencia este miércoles por la tarde, la administración central acordaba con las comunidades el reparto de 200 menores extranjeros no acompañados que se encontraban ya en Ceuta para poder atender la llegada masiva de los nuevos que acaban de cruzar la frontera. A Madrid se le han asignado 20 menores, los mismos que a Galicia, pese a que la autonomía gobernada por Alberto Núñez Feijóo tiene menos de la mitad de población que Madrid.
Los reproches no tardaron en llegar desde el Gobierno regional de Madrid, que acusó al Ejecutivo de Sánchez de actuar a golpe de "improvisación" en este asunto. También reclamó financiación específica para acoger a los nuevos menores. En esa idea insistía este viernes la presidenta madrileña en su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) y reprochaba que sean las comunidades quienes asuman las consecuencias pese a que estas competencias son competencia autonómica.
"Las comunidades no tenemos competencias en las fronteras y la política de que los menores deambulen por las calles del país sin ningún tipo de estrategia nos parece insensata", afirmó para a renglón seguido pedir más fondos económicos al Gobierno. "La solución está en el origen porque a nadie le parece lógico que los menores anden por España sin deriva alguna", insistía la presidenta más cerca de los planteamientos de la extrema derecha de Vox.
La vuelta a las aulas en el próximo curso académico era otro de los asuntos abordados esta semana por el Gobierno y las comunidades, después de que el Ejecutivo de Sánchez tenga como objetivo que el 70% de la población esté vacunada en verano. Madrid apoyaba finalmente la propuesta que el Ministerio ha acordado con las comunidades para un regreso a los centros educativos 100% presencial que viene acompañado del aumento de las ratios, tras reducirse durante este curso. La propuesta del Ministerio coincide con la estrategia que ya se había marcado la Comunidad de Madrid en marzo de este año, por lo que la oposición cerrada habitual no era sostenible. Eso no impedía hace unos días que Ayuso saliera a acusar al Gobierno de ofrecer "poca información" sobre este plan.
A esta pequeña tregua en los ataques habituales al Gobierno se sumaban las felicitaciones por la implantación a partir del 1 de julio del llamado 'pasaporte COVID' para vacunados, que permitirá a personas que tengan la pauta de vacunación completa viajar entre países. La presidenta madrileña celebraba la decisión, pero para atribuirse la medida, asegurando que fue una propuesta suya de "hace casi un año", a pesar de que entonces no había vacunas. Tampoco su planteamiento era el mismo, puesto que Ayuso apostaba entonces por que personas que hubieran pasado la enfermedad pudieran sortear las restricciones. En cualquier caso, una pequeña tregua en los habituales ataques al Gobierno que la presidenta madrileña ya anticipa que seguirán.
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