De este modo, el monarca regulariza las cantidades no declaradas que gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas de crédito opacas y con unos fondos cuyo origen forma parte de una investigación de la Fiscalía que adelantó elDiario.es el pasado 3 de noviembre.
La cantidad abonada a las autoridades tributarias incluye intereses y recargos, según confirma su defensa, que asegura que Juan Carlos I "continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos".
La Fiscalía Anticorrupción abrió en 2019 una investigación al detectar el uso de las citadas tarjetas. El Ministerio Público trata de comprobar si entre 2016 y 2018 los gastos con esas tarjetas superaron los 275.000 euros en un solo ejercicio, que conllevarían pagos a Hacienda por 120.000 euros anuales, la cantidad defrauda a partir de la cual se abren investigaciones penales.
Juan Carlos I era inviolable –no podía ser investigado– por hechos anteriores a 2014 cuando era jefe del Estado, pero esos posibles delitos fiscales se habrían producido con posterioridad a su abdicación. La Fiscalía ya ha interrogado al millonario mexicano del que procedería el dinero gastado con las tarjetas, Allen Sanginés-Krause, y al teniente coronel retirado Nicolás Murga Mendoza, ya retirado, y que habría ejercido de vehículo para el uso de esos fondos. Murga Mendoza fue edecán del rey emérito.
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