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Pedro Sánchez y Gabriel Rufián durante una sesión en el Congreso
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Pedro Sánchez y Gabriel Rufián durante una sesión en el Congreso

El Gobierno renuncia definitivamente a tipificar como delito el referéndum ilegal

  • La presión de ERC y Unidas Podemos disuade a Sánchez de recuperar en el Código Penal la convocatoria de consultas unilaterales, tal y como comprometió en campaña electoral

sábado 22 de febrero de 2020, 22:14h

23FEB20 – MADRID.- Que las promesas electorales están para no cumplirse ya lo dijo Tierno Galván en sus tiempos de alcalde de Madrid y verso suelto del socialismo ochentero del XX. Que en el fragor de un debate, los candidatos se vienen arriba y son capaces de ofrecer la luna con tal de sumar votos está en las hemerotecas.

Y que las palabras cuando salen de un político se las lleva el viento es un hecho tan irrefutable como que Pedro Sánchez prometió tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegales porque con el anuncio trataba de convencer al electorado de que no tenía hipotecas con los independentistas y que tampoco quería asumirlas en adelante.

Corría noviembre de 2019 y la estrategia de campaña para las elecciones generales del PSOE pasaba por elevar la presión sobre el independentismo catalán y pedir a los españoles una mayoría amplia para que el siguiente Gobierno no dependiera de ellos. Sánchez llegó tan lejos en su estrategia de negar cualquier entente con los soberanistas que incluso llegó a prometer traer de vuelta a España al ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde octubre de 2017, a lo que su entonces oponente Pablo Iglesias tuvo que responderle con la teoría de la separación de poderes y recordar que esa decisión no le correspondía a él, sino a los jueces.

Tres meses han pasado de aquel compromiso de Sánchez y en el Gobierno no hay la más mínima duda de que la situación hoy es distinta y requiere de otra estrategia a la que, en absoluto, ayudaría la tipificación como delito de las consultas ilegales en el marco de la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno y que tiene, entre otros objetivos, rebajar las penas por sedición de tal modo que los presos del procés puedan salir antes de prisión de lo que dictó el Supremo.

Ni Unidas Podemos, principal socio del Gobierno, estaba por la labor de recuperar una figura penal que incluyó en 2003 el Gobierno de José María Aznar, ni ERC podía asegurar que, de hacerlo, no saltara por los aires la incipiente negociación entre el Gobierno de España y el de Catalunya para solucionar el conflicto catalán. El propio Gabriel Rufián lo había advertido en una entrevista en el eldiario.es en los siguientes términos: ¿"De qué valdría una reforma del Código Penal que reduzca penas, pero amplíe tipos. Es decir, que sea más fácil que la gente entre en la cárcel pero esté menos en la cárcel?". Y añadía que en la posición final del Gobierno, pese al compromiso electoral de Sánchez, Unidas Podemos tendría que jugar un papel crucial porque, de lo contrario, "estaríamos condenando a la próxima generación de líderes políticos independentistas catalanes a que quieran legítimamente emprender otro referéndum", otro proceso como el que se inició en 2017.

El caso es que las negociaciones para la reforma del Código Penal ya han empezado y, aunque desde ERC apuntan que es pronto para dar por sentado nada, tanto en el PSOE como en La Moncloa han confirmado a eldiario.es que definitivamente está descartado retomar como ilícito penal la figura que suprimió Zapatero en su primer Gobierno. Lo contrario sería poner palos en las ruedas del llamado "diálogo para el reencuentro" que Sánchez está dispuesto a explorar en busca de soluciones a la crisis territorial de los últimos diez años.

Entre 2003 y 2005, el Código Penal incluyó el delito de convocatoria ilegal de referéndum castigado con prisión. Lo incorporó en la máxima ley penal el Gobierno del PP, después de que el entonces lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, anunciase que si su plan soberanista —aún en su fase inicial— no era finalmente aceptado por el Congreso de los Diputados , convocaría un referéndum en Euskadi. Ese nuevo delito que se llevó al artículo 506 bis del Código Penal —"delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum"— estaba castigado con entre tres y cinco años de cárcel, y hasta 10 años de inhabilitación.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Parlamento su derogación en junio de 2005, tras alegar que la convocatoria ilegal de referendos no tenía "la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y, menos aún, si la pena que se contempla es la prisión". "El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad [...] El ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal", argumentó entonces el Ejecutivo socialista para eliminar el delito con el voto en contra del PP.

El PSOE regresa ahora a la que siempre fue su posición antes de que Sánchez desplegara su estrategia electoral en noviembre pasado, ya que hace ahora un año, el pleno del Congreso rechazó por mayoría absoluta la proposición de ley de modificación del Código Penal impulsada por el PP para volver a castigar con penas de tres a cinco años de cárcel a quien convocase un referéndum ilegal. En la votación, los populares consiguieron el apoyo de Ciudadanos y de sus socios electorales de Foro Asturias y UPN, mientras que el resto de formaciones de la Cámara, incluyendo el PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria y los partidos independentistas, votaron en contra.

Esther Palomera

FUENTE: eldiario.es

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